Así sea de manera tímida, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, echó a andar en los actos lo prometido en campaña y consiguió a finales de septiembre una ley de reforma tributaria. Bachelet dará un paso más decisivo si consigue que se apruebe destinar los fondos recabados de esta reforma a la iniciativa de una nueva educación en Chile. La experiencia de otros países sudamericanos -Perú y Ecuador, en especial- es grata para una educación que no puede ser espacio ni de politiquería, ni de intereses privados, ya que está probado que la educación privada no es forzosamente superior a la pública (por lo demás, la politiquería es una manera de hacer de la educación un espacio de clientelas personales, algo que el actual gobierno ecuatoriano desmanteló en la universidad Central).
El empresariado chileno no quedó desincentivado, pero tendrá que pagar, algo a lo que los empresarios latinoamericanos no están acostumbrados en lo más mínimo. Habrá en Chile un aumento gradual de los impuestos a las grandes empresas, de un 20 % a un 27 %, medidas para disminuir la evasión (muy frecuente en América Latina) y la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias, que permitía a las empresas posponer el pago de impuestos sobre los beneficios cuando éstos eran reinvertidos.
El pago de impuestos no es un favor de las empresas o de la gente acomodada a la sociedad, sino que es una obligación de retribución por el trabajo recibido de la misma sociedad, trabajo que permite que algunos obtengan beneficios, salvo que alguien quiera explicar que se pueden obtener beneficios sin trabajo (en realidad, ni en la apariencia bursátil es así). Las leyes tributarias justas cimentan la sociedad; las injustas deshacen todo compromiso social. Como sea, Bachelet está apenas en el principio y no es seguro que pueda llegar demasiado lejos, pero la voluntad de cumplir con la palabra dada está. En Amérca Latina, no es poca cosa.
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