En 1994 tuvo lugar en Buenos Aires, capital argentina, un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), acto que provocó la muerte de unas 85 personas y heridas a tres centenares. Las primeras pistas parecieron llevar a Irán y el grupo armado libanés Hezbolá, pero el caso se fue estancando, pese a que a raíz del mismo se emitieran alertas rojas de Interpol contra varios iraníes (cinco en total).
Recientemente, la ex mandataria y hoy senadora Cristina Fernández de Kirchner fue acusada, al igual que varios de sus colaboradores, de "encubrir a los iraníes" mediante un Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán, supuestamente destinado a reanimar el comercio entre ambos países (con rebajas de precios para las compras argentinas de petróleo) y de paso "dar impunidad" a los inculpados. Al confirmar las acciones legales del juez Claudio Bonadío, la Segunda Sala de la Cámara Federal de la justicia argentina negó la solicitud del ex director de Interpol, Ronald Noble, para testimoniar en el caso. Con las justas se retiró la acusación de "alta traición" contra Fernández de Kirchner y quedaron las inculpaciones de "obstaculizar la acción de la justicia, abuso de autoridad y encubrimiento agravado".
Noble quiso testimoniar que Fernández de Kirchner nunca le ordenó a la Interpol suspender las órdenes de arresto contra los iraníes inculpados, por lo que la ex presidente estaría siendo acusada de un delito imaginario. Por otra parte, un estudio de ADN realizado por el FBI (Federal Bureau of Investigation/Buró Federal de Investigaciones) rechazó la tesis del "conductor suicida libanés" en el atentado. Además, el Memorándum de Entendimiento permitía seguir la indagatoria en Irán, país que no reconocía la extradición. Lo que acaba de hacer la justicia argentina es reanimar antiguas acusaciones que nunca condujeron a nada (excepto al supuesto suicidio del fiscal Alberto Nisman), pero permitieron la politización de la justicia (más que a la "judicialización de la política") bajo la influencia de quienes ahora detentan el poder en Argentina, en complicidad con intereses extranjeros. El Poder Judicial y los medios de comunicación masiva, como en otros países de América Latina, bien podrían ser co-partícipes de un caso de prevaricación con fines por completo ajenos al esclarecimiento de las cosas.
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