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viernes, 22 de diciembre de 2017

AMERICA LATINA, LA REGRESION

Contra lo que señalan algunos analistas latinoamericanistas, la remoción de los gobiernos de izquierda en América Latina y el Caribe no comenzó con Brasil y Argentina, sino antes.
     El presidente hondureño, Manuel Zelaya, fue destituido por órdenes de la Suprema Corte de Justicia de Honduras en el año 2009. Aunque no sean muy de confiar, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la de Naciones Unidas (ONU) pidieron la restitución de Zelaya, que nunca tuvo lugar. Luego, en 2012, el presidente paraguayo Fernando Lugo fue destituido de su cargo por la vía parlamentaria, en un proceso de "juicio político exprés" que fue considerado como "ruptura del orden democrático" por el Mercosur (Mercado Común del Sur) y la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). Sólo hasta 2016 fue destituida la mandataria brasileña Dilma Rousseff, mediante impeachment: fue acusada de violar normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal ("pedaladas fiscales"). Posteriormente se comprobó que Rousseff no había hecho nada ilegal, pero ya era demasiado tarde. Dicho sea de paso, Eduardo Cunha, quien presidió el proceso contra la presidente, fue suspendido y condenado a nueve años de prisión. Varios procesos mostraron que compró a diputados. Michel Temer, el actual presidente de Brasil, tiene encima numerosas acusaciones de corrupción.
       En este contexto llegó el caso Odebrecht. En julio de 2017 se dictó prisión preventiva para el ex presidente peruano Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, quienes se entregaron a la justicia. No sólo no siguieron el mismo camino Keiko Fujimori (hija de Alberto Fujimori), quien habría recibido dinero de Odebrecht para su campaña en 2011, ni Alan García, ligado al CEO (Chief Executive Officer) de la constructora, Marcelo Odebrecht (hoy bajo arresto domiciliario), sino que el fujimorismo (Fuerza Popular) ha estado buscando controlar -para blindarse y perseguir antifujimoristas- el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación. Humala también fue  acusado de recibir dinero de empresas venezolanas. El ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) está prófugo: recibió sobornos de Odebrecht. El actual presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, estuvo a punto de caer al ser vinculado a Odebrecht. Pero lo cierto es que en el Perú el caso Lava Jato ("Lavado a presión") se convirtió, como lo advirtió la opositora de izquierda Verónika Mendoza (Nuevo Perú), en lo más parecido a "Lava Keiko" y "Lava Alan". En el Ecuador, el caso Odebrecht sirvió para condenar a seis años de prisión al actual vicepresidente Jorge Glas (de izquierda), en un caso de prevaricación ejemplar. Las cosas pasaron de tal modo que Glas es prácticamente un preso político.
     La ex mandataria argentina Cristina Fernández ha sido acusada de "encubrir a terroristas" mediante un pacto con Irán, que habría alentado a quienes atentaron en 1994 contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), siendo gobernante Carlos Saúl Menem. En algo curiosamente olvidado, ha sido acusado de corrupción y vive por ende refugiado en Nicaragua quien fuera presidente de El Salvador entre 2009 y 2014, Mauricio Funes, por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En Centroamérica y el Caribe, como en el resto del continente, los acusados de derecha han salido impunes, o casi: es el caso de James Jimmy Morales en Guatemala (financiamiento electoral ilícito) y del ex presidente panameño Ricardo Martinelli (compras con sobrecostos), detenido y "protegido" en Estados Unidos.
   Si se revisan los casos de corrupción, los verdaderos y los supuestos, la aplicación de la ley en América Latina ha sido a la vieja usanza y para desplazar maliciosamente del gobierno a izquierdistas: "plata para los amigos, plomo para los enemigos", pero en una versión lo suficientemente sutil para que la masa se lo crea y permanezca pasiva.

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