ANTICORRUPCION EN MEXICO: ¿PUEDE HACERSE VALER?

En México, parte del problema para hacer valer leyes -lo que en Estados Unidos se llama enforcement, una "entrada en vigor"- está en la creencia de que la corrupción es algo así como un "acto cultural", parte de usos y costumbres que no pueden cuestionarse. A esto contribuye la creencia de que el país entero es corrupto y que todos creen, también, que "no hay de otra".
    Sí hay de otra, desde México, puesto que alguien debió decirle al periodista de Univisión que pidió la renuncia del mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto- pedido en el que concuerda el izquierdismo infantil- que los presidentes se quitan y se ponen mediante el sufragio, no mediante quienes creen que están imbuidos -como los izquierdistas- de "la voluntad de las masas" (las masas siempre son mayoritarias  y, supuestamente, siempre tienen razón).
     A diferencia del pasado blanquiazul, cuando casi desapareció la Secretaría de la Función Pública (SFP), en 2008, el priísmo actual mexicano volvió a darle vida, aún con límites. Si durante los sexenios blanquiazules no se hizo nada, en los dos últimos años subieron notoriamente las multas y  hubo castigos para unos 101 funcionarios de 11 instituciones públicas federales, al menos según lo recogió el periódico español de mayor venta en el mundo. El problema es que los funcionarios encontrados culpables no pagaron, por lo que un combate integral -entiéndase que verdadero- sigue siendo necesario. Constituiría un principio de límite a la creencia generalizada de que no hay mérito que valga, sino que lo valioso es el poder de "relacionarse" y "mover influencias", traficando favores y dándole "servicios" al poder. Como sea, la reanimación de la SFP es buen indicio de que el actual gobierno mexicano ha retomado el asunto -que no compete a los medios de comunicación masiva extranjeros ni a medios locales, sino a las instituciones, salvo que el gobierno sea el de una fantasmagórica sociedad civil cuyos líderes son los periodistas y sus plurales mayestáticos. En otros términos, los medios no pueden sustituir una fiscalización institucional.
     Llama la atención que el periódico español esté incluso denostando a gobiernos de lo más "tibios", como los actuales de Chile y de Brasil, sin divulgar las acciones que han buscado tomar para por lo menos limitar la corrupción. La mandataria brasileña Dilma Rousseff no ha recibido una atención mediática que en este punto seguramente merecía. De todos modos, es desde los usos y costumbres que la oligarquía -la mayor fuente de corrupción- suele dar lecciones de moral que en su soberbia califican y descalifican, certifican o no certifican, una nueva moda "escolar" del dinero y de organismos internacionales que "colocan" todo en movimientos especulativos.