Al parecer, la presidente provisional del Perú, Dina Boluarte, no tiene prisa por irse, ni por ceder a las manifestaciones callejeras, cuya represión ya ha costado decenas de muertos. No es para caer en la confusión total. Contra lo que dijo el presidente colombiano, Gustavo Petro, la policía peruana no es "nazi" y, ciertamente, como se le recordó desde Lima, capital peruana, no está haciendo más que banalizar el Holocausto (entre otras cosas, agreguemos). Tampoco es para que salga Keiko Fujimori a ver "rojillos" y "terrucos" (terroristas) por doquier, acusando a Petro de "guerrillero" que mete su "nariz roja" en los asuntos peruanos.
Boluarte no está negociando con quienes protestan, pero abrió un diálogo al que fue invitada Keiko Fujimori. Boluarte ya se había destacado en un principio por correr a entrevistarse con "la embajada", entiéndase que la de Estados Unidos en el Perú. El depuesto presidente Pedro Castillo cometió un error, y la derecha no parece dispuesta a dejar pasar la oportunidad.
En el río revuelto, ya se han desestimado varias denuncias contra la familia Fujimori. Sin embargo, Keiko, hija de Alberto Fujimori, sigue haciendo política sin tomar muy en cuenta que su caso no se ha diluído: sigue acusada de aportaciones ilegales a campañas electorales, algo por cietto menor comparado con el conjunto de acusaciones que recaen sobre la familia, desde esterilizaciones forzadas y matanzas hasta narcotráfico. A estas alturas, la hija de Fujimori no puede evadir la acusación de lavado de activos que recae en su contra, junto a otras de obstrucción de la Justicia, falsa declaración y organización criminal. Cabe señalar que el hermano de Keiko, Kenji Fujimori, ya había sido condenado a finales de 2022 a varios años de prisión por el delito de tráfico de influencias agravado. Puede que Castillo se haya equivocado pero, salvo en la imaginación muy fértil de algunos medios de comunicación, no carga con el gran bagaje delincuencial de la familia Fujimori, que aún así arrasa en votos en Lima cuando concursa Keiko. Al parecer, la conducta delictiva no es algo que estorbe demasiado a los adalides de "los derechos y las libertades". El Congreso peruano, lugar donde nadie sale juzgado luego de ser acusado de corrupción, ha preferido cargar en estos días contra Castillo. Si hay alguna posibilidad de adelanto de elecciones, seguramente debe tratarse de escarmentar al pueblo peruano y aparentar una "salida" que consista en seguir en la inercia. Lo que se busca es que salga limpio un Congreso de corruptos y que Castillo sea retratado, ahora, como un "corrupto de tantos". El Grupo progresista de Puebla no se ha dado cuenta de su famoso lawfare en el caso de Castillo, porque éste no es alguien que resuelva las cosas al modo de estanciero, hacendado o dueño de fundo disfrazado de "pueblo": con "capitalismo de amigotes".
Otro excluido del "club VIP", el ex presidente Ollanta Humala, ha criticado la irresponsabilidad de los actuales poderes Legislativo y Ejecutivo del Perú, llamando a Boluarte a renunciar, adelantando elecciones generales. Frente a las protestas, el gobierno de Boluarte ha optado por la criminalización de quienes se manifiestan en la calle. Ganar tiempo, al parecer (da click en el botón de reproducción).
