Los integrantes de la CSIVI viven en casas seleccionadas pagadas por el gobierno, monitoreadas las 24 horas y vigiladas por las autoridades policiales y la Unidad Nacional de Protección. Es en una de estas casas, fuertemente monitoreadas, que Marlon Marín, sobrino del ex guerrillero de las FARC Iván Márquez (Luciano Marín), se acercó para proponerle negocios "econativos" a Santrich. Sucede que en realidad la DEA estadounidense (Drug Enforcement Administration, por sus siglas en inglés, o Administración para el Control de Drogas) la sembró a Santrich (usa gafas oscuras por ceguera casi total debida al Síndrome de Leber, enfermedad genética) una visita de "empresarios mexicanos" (grabada por la DEA) que después habrían resultado ser miembros del Cártel de Sinaloa. Santrich pidió que se diera a conocer el video con audio del encuentro, puesto que jamás se habría tratado de acordar transporte alguno de droga, y tampoco firmó un afiche para "Don Rafa Caro" (Rafael Caro Quintero), aunque sí firmó un afiche, cosa que hace seguido. Ante la solicitud de las autoridades colombianas, el Departamento de Justicia estadounidense no pudo aportar ninguna prueba.
Marlon Marín, sobrino de Márquez, nació hace unos 40 años, cuando el mismo Márquez estaba ingresando a las FARC, por lo que es imposible que hayan tenido una relación cercana y "extraña y peligrosa", como lo pretendió el máximo líder de la FARC, Rodrigo Londoño. En los pocos encuentros que tuvo con su sobrino, Márquez se dió cuenta de que a él también querían "sembrarle" algo y simplemente corrió de su casa a Marlon Marín. El truco era el mismo, la presentación de "proyectos y empresarios", algunos extranjeros. Marlon Marín está ahora como "testigo protegido" en Estados Unidos.
Lo único que quieren los ex guerrilleros de las FARC es una reinserción social que les permita trabajar en paz en proyectos realmente productivos, pero ni ésto parece tolerar la oligarquía colombiana, pese a los reveses para el presidente Iván Duque en su ánimo de torpedear los Acuerdos de Paz. Dicho sea de paso, información dada a conocer recientemente sugiere que el ejército colombiano está oficialmente dispuesto a disponer de criminales para reprimir, y lo cierto es que el mayor número de asesinatos de líderes sociales tiene lugar en los lugares más militarizados de Colombia.
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