ECUADOR-PERU: LA PERSECUSION QUE SIGUE

En la mayoría de los países latinoamericanos, la Justicia se utiliza como instrumento de venganzas que parecen políticas, pero que lindan en lo personal. En el Ecuador, por ejemplo, tal pareciera que el actual presidente Lenín Moreno tomó la ruptura con el mandatario saliente Rafael Correa como una afrenta que aquél no puede dirimir en el terreno de las ideas, porque no las tiene, y mucho menos propias: necesita "matar" al enemigo para tranquilizar su conciencia y convencerse de que está en lo correcto porque enfrente no hay "nadie". Algo similar ha estado sucediendo en el Perú con la venganza conjunta del aprismo y el fujimorismo contra los Humala (Ollanta y su esposa Nadine): ninguna diferencia real es tolerada y el enemigo tiene que ser aniquilado como persona, no nada más desde el punto de vista judicial.
      Correa tiene ahora en contra suya una orden de arresto para prisión preventiva y una petición de búsqueda a la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal). El acusador, Fernando Balda, supuestamente "secuestrado" en Colombia por órdenes de Correa en 2012, tiene vínculos con el siniestro ex presidente ultraderechista colombiano Alvaro Uribe. El "caso" fue reabierto en 2017 pese a haber prescrito y no haber sido juzgado en el Ecuador. Las autoridades judiciales encargadas en el Ecuador fueron puestas "a dedo" -y no por mérito y concursos- por Moreno, luego de que el antiguo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fuera remplazado por uno Transitorio mediante una consulta popular amañada. El fiscal "encargado" Paúl Pérez ni siquiera ha sido posesionado ante la Asamblea Nacional, como corresponde. Antes, se trató de vincular a Correa con un escándalo de corrupción con Petrochina, algo en lo que participó Fernando Villavicencio, ligado a la Central de Inteligencia Americana (CIA), y también se quiso ligar al ex mandatario con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el narcotráfico. Era obvio que se estaba buscando cualquier cosa para lo que es entendido por un público retrógrado y de mentalidad religiosa como una "excomunión", pero que sienta el precedente de la muerte civil y facilita la agresión a la persona. En este mismo marco, al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, preso político y precisamente muerto civil, le fue retirada la protección personal en la cárcel, dejándolo desamparado como persona.
      Por su parte, en el Perú, el ex presidente Ollanta Humala ha tenido ocasión de desmentir varias de las acusaciones en su contra, que no son más que dimes y diretes en la supuesta "opinión pública" y/o inventos de un aparato de justicia "mediático": los Humala no tienen ningún desbalance patrimonial "inexplicable"(Humala ha explicado los trucos contables que han sido utilizados para esta acusación), ni cinco propiedades (son dos, una comprada a crédito), y los delatores como Jorge Barata han obtenido no nada más la impunidad, sino el derecho a disponer libremente de recursos (de Odebrecht) de origen dudoso, sacándose la lotería (la tinka, como se le llama en el Perú). Hay, desde luego, venganza contra los Humala porque no se plegaron al fujimorismo ni al aprismo, y por cierto que el ex mandatario bajo acusación ha expresado su solidaridad con Correa y con Lula, algo que no ha sido correspondido. La izquierda está más atenta en buscar tomar el poder, el que sea, en otras latitudes.