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lunes, 9 de julio de 2018

EL SALVADOR: EL TURNO DEL OFENSOR

El ex presidente salvadoreño Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, es perseguido -lo busca la Interpol (Organizacón Internacional de Policía Criminal)- por peculado de 351 millones de dólares, dinero que habría utilizado para darse y darle a su familia y amigos una vida de lujos. Funes fue presidente de El Salvador (2009-2014) por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y un grupo llamado "Amigos de Funes". El semanario mexicano ultraizquierdista Proceso acaba de publicar un reportaje llamado "Mauricio Funes: el 'presidente histórico' que enfrenta cargos por peculado". Apenas le da la voz a Funes quien, según el semanario, habría alegado en Twitter que los cargos se le están montando bajo presión de la embajada de Estados Unidos en El Salvador. A Proceso no le parece extraño en ningún momento que la persecusión contra Funes, hasta hoy firme defensor del FMLN, coincida con las embestidas contra Lula, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa y Ollanta Humala, y con el claro intento por derribar de hecho, sin votos de por medio, al mandatario sandinista Daniel Ortega en Nicaragua.
     Las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) salvadoreña están hechas, más que de pruebas, de declaraciones de testigos protegidos que "dijeron haber visto" moverse el dinero (!hasta en bolsas negras para la basura!) de la Casa Presidencial (CAPRES). Mauricio Funes escribió en Twitter: "por lo general los acusados de peculado y lavado de dinero tienen inversiones, propiedades o dinero en el exterior que no pueden justificar. Ese no es mi caso y el de ningún miembro de mi familia". En efecto, en el reportaje de Proceso no aparecen los casos que menciona Funes (inversiones, propiedades, cuentas en el exterior), acusado junto con sus hijos, su ex esposa y ex primera dama Vanda Pignato (secretaria de Inclusión Social de El Salvador) y su actual compañera de vida. Pignato ya había dicho tiempo atrás que las acusaciones contra ella estaban hechas de "chambres" (chismes): se la quiso incriminar por financiamiento de campaña del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil al FMLN (Pignato es de origen brasileño). Funes ha hecho otra pregunta: ¿cómo pudo funcionar CAPRES con un faltante de 351 millones de dólares?
      Nadie se movió en la izquierda latinoamericana para averiguar un caso que ahora está tocando al presidente de El Salvador (también por el FMLN), Salvador Sánchez Cerén. Aunque de momento la FGR no lo ha acusado, el expediente Funes lo incrimina de haber ayudado en el desvío de 14 millones de dólares (Sánchez Cerén fue vicepresidente y Ministro de Educación durante el gobierno de Funes). El FMLN no se ha comprometido en una defensa completa de Funes, aunque ha llamado al aparato judicial salvadoreño, de derecha, a actuar "con pruebas contundentes, sin basarse en indicios o especulaciones, y mucho menos en juicios mediáticos o políticos". El FMLN ha hecho saber en un comunicado reciente que espera que la Justicia "opere con independencia y sin interferencias de intereses políticos".
     A Nayib Bukele, ex alcalde de Nuevo Cuscatlán y ex alcalde de San Salvador (por el FMLN), del recién surgido Nuevas Ideas, le han puesto toda clase de obstáculos para registrar su movimiento y le están buscando "casos" de corrupción por cualquier cosa. En el asunto Funes, muchos de los inculpados (entre 25 y 31, según las fuentes) están siendo juzgados en libertad, pero en un acto que dice mucho, la policía salvadoreña fue a detener a Vanda Pignato en un hospital de Santa Tecla (area metropolitana de San Salvador). Pignato sufre de cáncer del útero y tiene complicaciones como insuficiencia renal, problemas del corazón y hernias en la columna. "Es inhumano apresarla", declaró Funes. ¿Realmente un ladrón? Las próximas elecciones presidenciales en El Salvador son en el 2019. La izquierda marrullera está en otra cosa, en México y con Lula, quien por cierto, contra lo que quiere el PT, no puede ser candidato a la presidencia brasileña por la Ley de Ficha Limpia, que impide presentarse a quienes hayan sido condenados en segunda instancia (es el caso de Lula).