Al ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa acaba de caerle la acusación criminal número 26, siendo que tiene, además, unas 25 del orden civil y administrativo. La Corte Nacional ordenó hace poco prisión preventiva contra Correa, quien reside en Bélgica, por estar supuestamente involucrado en un asunto de sobornos (caso antes conocido como "Arroz verde"), que incluiría incluso a empresas como la constructora brasileña Odebrecht. Esta vez, se acusa al ex presidente del país sudamericano de haber retenido unos 6 mil dólares que en realidad devolvió puntual y legalmente.
Es la segunda orden de prisión preventiva contra Correa. La primera fue por el "caso Balda", en el cual el mandatario habría ordenado el secuestro del "asambleísta" Fernando Balda en Colombia. En realidad, Balda, con unas 22 acusaciones en su contra (por pensiones alimenticias, etc...), nunca fue diputado y fue deportado de Colombia entre otras cosas por dedicarse en ese país a actividades ilícitas. Correa nunca lo mandó secuestrar.
Ahora, quien acusa a Correa y pide prisión preventiva es la fiscal general del Estado, Diana Salazar, alguien que ha trabajado para la DEA estadounidense (Drug Enforcement Administration, por sus siglas en inglés, o Administración para el Control de Drogas). El Ecuador ha vuelto a ser tan sórdido que el actual presidente, Lenín Moreno, con el Servicio de Inteligencia, contrató por 2 millones y medio de dólares a una empresa extranjera para que ayudara a fabricar el caso contra el ex vicepresidente Jorge Glas, hoy en prisión. Por su parte, la diputada Gabriela Rivadeneira (foto, primera) ha denunciado valientemente que una oficina de inteligencia militar de Estados Unidos sostiene la presidencia de Moreno (foto, segunda).El hecho ocurre desde febrero de 2018 y la oficina está instalada ni más ni menos que en el palacio presidencial de Carondelet.
Moreno, un bufón, no ha sido investigado por presunta corrupción en el caso INA (cuenta bancaria en un banco de Panamá) y ya está demostrado que sigue también las órdenes de la derecha (perdedora en las elecciones) de Guillermo Lasso. A estas alturas, unos 300 políticos partidarios de Correa (foto, última) tienen encima acusaciones civiles y administrativas ("glosas de Contraloría") a modo de advertencia. Todo lo descrito es una gravísima regresión a los tiempos de república bananera.
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lunes, 12 de agosto de 2019
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