La base de lo que se entiende en México y en otros países de América Latina por "política" no suele ser el servicio, sino el clientelismo para ventaja de intereses de grupo y personales. En este sentido, las universidades públicas no son ajenas a "la política".
Una universidad pública no tiene por qué democratizar sus instancias de gobierno, al menos que se entienda como "repartir de otro modo" las ventajas clientelares. En principio, la elección a tal o cual instancia de gobierno universitaria debería hacerse con un criterio de "notables", es decir, de personas destacadas en la academia o, si es el caso, capaces de administrar correctamente por credenciales de administración pública. El motivo de lo dicho es que suele ocurrir que las instancias mencionadas evalúen: debieran operar con criterios académicos, no "políticos". Es muy sencillo: que se sepa, ni la ciencia se "consensúa", ni el conocimiento se vota. Digamos que nadie diría: "esta comisión se opone por mayoría de votos a la ley de gravedad". El supuesto es que se distinga lo que es la ley de gravedad de "la política", en el sentido de "a quién le conviene o a quién le incomoda" la ley en cuestión. Si es de "notables", hasta el cargo más alto, lo que puede implicar autoridad, la estructura de gobierno no es asunto de "gobierno del pueblo" o "de la mayoría" (la ley de la gravedad es lo que la mayoría decida...), por lo que la democracia está de más.
Otra cosa es que, bajo cobertura académica, las instancias de gobierno y el más alto cargo queden en manos de grupos de interés "político", clientelas, "feudos", lo que implica lo siguiente: no el premio y el reconocimiento al trabajo, sino a la pertenencia a un "grupo político" o su cercanía con él, lo que termina por dejar el trabajo al margen. Es posible ser rector sin mayor mérito académico, con un CV de eterno ayudante de un "capo" y de eterna cercanía con un grupo: la autoridad está perdida. Los portales de transparencia en los sueldos lo muestran (y no tiene ningún sentido consultarlos si se desconoce qué mérito hay o no lo hay detrás): en la cúspide abundan las recompensas políticas a gente carente de méritos académicos plenos, y en medio hay desde gente que trabaja hasta una sarta de flojos, todos confundidos. La universidad pública es capaz de hacerle todo el caso a quien no imparte docencia (lo cual es obligatorio por estatuto), a alguien que cínicamente reporta como artículos de investigación columnitas de opinión y no hace casi nada (pero recibe un premio a la investigación), o a quien se reintegra a labores habiendo perdido derecho a hacerlo. Se dan así, adulterándolas, recompensas académicas que no responden sino a politiquería clientelar y que, encima, se eternizan. Hay premiados por cooptación o por amistad con el rector, y hasta asuntos que se resuelven en el medio tiempo del futbol en el estadio universitario. En un ambiente así, todo el que tenga alguna ambición o esté en una situación precaria se cuida de "no moverse" con tal de "salir en la foto", así tenga con su silencio que pasar sobre otro colega: es el arte de guardar el silencio cómplice, de "tragar sapos", de "no soltarse", de estar en todas las informaciones (es decir, en los rumores), de aislar al que habla con franqueza, de desconocer lealtades y gratitudes, de "participar" teatralmente para "agarrar hueso" y demás linduras del sistema clientelar. El rector recién designado ni siquiera vale por sí mismo: "hombre de otro hombre", lo es de un "jefe de jefes" y del grupo que éste encabeza. Por cierto, en las condiciones descritas, más instancias se crean, más se multiplican los espacios de malas lides entre académicos.
Los grupos no responden a ninguna "autonomía", sino que tienen abiertas ramificaciones fuera de la universidad pública, incluyendo intereses mediáticos. Se hacen los que defienden "las funciones sustantivas", pero su "politiquería" no duda en usar durante ocho años la universidad pública como trampolín para una secretaría de Estado y, si se diera, la presidencia de un partido político. Otros, para hacerse pasar por campeones de "la democracia" en instancias electorales dudosas y con remuneraciones jugosas.
Una estructura así, entonces, además de castigar a la "tropa" en la precariedad, no recompensa el trabajo, sino lo que se conoce jocosamente por "hacer méritos", es decir, pertenencias de grupo y "politiquería", o en ocasiones, el éxito en dinero si se inmiscuye un gran empresario. Debieran más bien, en austeridad, limitarse las instancias, y darse paso a que se premie el trabajo académico como socialmente útil y de servicio público, para que quienes lo hagan puedan estar en instancias de decisiones que, también, debieran privilegiar la academia. Dicho de otro modo, no son las instancias en sí las que están mal, sino el hecho de que sean ocupadas con criterios "políticos" ajenos a funciones sustantivas que terminarán siendo tabúes. No es de felicitar al gordito, sino a su grupo que cree en una soberanía universitaria inexistente: la autonomía no es soberanía. Si es universidad pública, es de interés general (ni siquiera "de gobierno"), como organismo descentralizado del Estado, y, en estas circunstancias, no puede obedecer a intereses "de grupo", ni manejarse por cierto con toda maña en los asuntos de plagio obviando conflictos de interés y plagios reales para generar la impresión de un "interés general" como equilibrio entre "intereses de grupo". Es verle la cara al sentido de servicio público. Qué lástima (da click en el botón de reproducción).
