ECUADOR-PERU: PERSECUSION "SELECTA"

La persecusión judicial contra varios líderes progresistas de América Latina no ha cesado, aunque la izquierda no parece muy apurada por defenderlos (salvo al brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, quien recibió hace poco un rosario del Papa Francisco), ocupada como está en ver en dónde puede volver a tomar el poder para seguir en lo mismo (intercambio de zalamerías e invitaciones, retórica hueca, etcétera...).
     En el Ecuador, se ha tratado de vincular al ex presidente Rafael Correa al caso del presunto secuestro de Fernando Balda, ex asambleísta del muy dudoso partido Sociedad Patriótica. Balda habría sido secuestrado en Colombia en 2012 por "órdenes de Correa", mientras en el Ecuador tenía una condena de dos años de prisión por calumnias contra el mismo mandatario: en efecto, le había hecho acusaciones sin pruebas y fue sentenciado por atentar contra la seguridad interna del Estado (artículo 148 del Código Penal ecuatoriano). El asunto llegó recientemente hasta un pedido a la Asamblea Nacional para que enjuicie a Correa. El abogado de Balda, Felipe Rodríguez, ha reconocido tranquilamente que el caso es "político", y sucede que Balda nunca fue secuestrado, sino deportado por las autoridades de Colombia. "(...) Con un manotazo insolente como absurdo, la Fiscalía -ha escrito Marisol Bowen- pretende vincular penalmente a este caso al ex presidente Rafael Correa, mancillando la lógica del cometimiento como principio jurídico, hasta la barbarie de pretender castigar un delito no nacido". Ahora Balda se hace pasar por "perseguido político" y busca incluso una jugosa indemnización. Al mismo tiempo, se hace hasta lo imposible por bloquear al Movimiento Acuerdo Nacional (MANA), el nuevo de Correa luego del secuestro -aquí sí- de Alianza País, y la posibilidad de una convocatoria a una Asamblea Constituyente.
     En el Perú, la venganza de la "Justicia" contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por haber librado la prisión preventiva fue dejarlos sin lugar donde vivir, incautándoles sus propiedades. El argumento consistió en que fueron "adquiridas ilegalmente", siendo que aún no termina el juicio y no hay pruebas definitivas del "lavado de activos" de la pareja ex presidencial peruana. Además, se ha buscado inhabilitar al partido al que pertenecen los Humala-Heredia (Partido Nacionalista) para participar en las elecciones de 2021. Entretanto, Alan García sigue casi intocado, y no ha sido afectada en lo más mínimo Keiko Fujimori, pese a que ambos habrían tenido vínculos oscuros con la empresa brasileña Odebrecht. La persecusión sigue siendo selectiva. Por lo demás, César Nakazaki, abogado de los Humala-Heredia, considera: "el gran problema de la justicia peruana es que no se respeta el debido proceso".