COLOMBIA: NI MU

Si sucediera en Nicaragua o en Venezuela, ya sería motivo para el escándalo, los pronunciamientos de la comunidad internacional y la indignación de los intelectuales, que hablarían de "dictadura". Pero como no ocurre en ninguno de esos países, sino en Colombia, la indiferencia es casi absoluta.
     Desde que el actual presidente colombiano, Iván Duque, de ultraderecha, llegó al gobierno, hace pocos meses, han sido asesinados 39 líderes sociales que se suman a los 181 en lo que va del año y llegan a 385 desde la firma de los acuerdos de paz de la Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy convertidas en partido político con las mismas siglas (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común). Cabe hacer notar que la cifra de asesinados se ubica entre la cifra oficial de muertos en Nicaragua desde abril pasado y la cifra, de más del doble, que ofrece la oposición (400 muertos o incluso más). En general, la violencia en Colombia ha tenido un repunte desde el año pasado y no está de más señalar que algunas ciudades colombianas están entre las 50 más peligrosas del mundo, junto con una buena cantidad de urbes brasileñas.
     Mientras un Duque paralizado no cumple con sus promesas de campaña y da largas a la realización de los acuerdos de paz, algunos miembros de la FARC que se han puesto a buen resguardo han sido acusados de "no hacer nada". Sin embargo, es de la FARC que han surgido algunos proyectos de reanimación productiva.
     En un comunicado de hace pocas semanas a la Jurisdicción Especial para la Paz, nueve comandantes de la FARC  explicaron en qué ha contribuido a los acuerdos. Entre otras cosas, en zonas mineras contaminadas, propusieron la siembra por ex guerrilleros de vetiver, el cual actúa como descontaminante y al mismo tiempo como fertilizante de suelos. La FARC propuso igualmente la generación de energía a través de la biomasa procesada por pirólisis o quemado en seco que emite CO2 neutro a la atmósfera, ayudando a la lucha contra el cambio climático y generando fertilizantes. Se trataba de llevar a cabo este proyecto en conjunto con empresarios europeos, pero el Estado colombiano "ni rajó ni prestó el hacha". Se planteó asimismo crear una "Ciudadela de paz" en el municipio de San Vicente del Caguán, para familias de distintos departamentos (Nariño, Caquetá, Putumayo, Meta y Guaviare): bastaba con intervenir terrenos baldíos y usar tierras en extinción de dominio para echar a andar este proyecto productivo, pero el gobierno colombiano no se movió. En la región de El Pato se propuso un proyecto piloto de titulación de tierras a campesinos y la creación de granjas que tuvieran como centro pequeñas ciudadelas, pero el fiscal general lo interpretó como "toneladas de coca para enviar a Estados Unidos" cuando se trataba de un proyecto productivo agrícola, piscícola, ganadero y forestal. En otros lugares, con ayuda de gobernadores, la FARC logró de todos modos reparar caminos, puentes y escuelas.
     Todo sucede como si los ex guerrilleros se hubieran interesado por el desarrollo de Colombia y el gobierno, "ni mú", como dice el comunicado. De hecho, Duque no cumplió sus promesas de lucha contra la corrupción ni ayudó demasiado a la recuperación de la educación, que está en crisis e hizo salir a estudiantes a la calle para protestar. En suma, a los adalides de la tecnología, la "economía naranja", la "sociedad del conocimiento" y otros ornamentos de los organismos internacionales no se les ocurrió hacer a un lado sus más mezquinos intereses en aras del desarrollo productivo de Colombia.