Cuando alguien trata de poner fin a la corrupción en él, el sistema judicial mexicano lo evita regularmente aduciendo una autonomía que parece ser entendida como el fuero de un estamento. Sin embargo, el poder judicial, que se sepa, no es autónomo del Estado, al que debiera servir mínimamente. Hace poco, el senador Ricardo Monreal, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), trató de sugerir reformas al poder mencionado. Hasta ahora no hay ningún resultado.
Recientemente, la secretaria de Gobernación mexicana, Olga Sánchez Cordero, recordó cifras que muestran que el sistema de justicia en México simplemente no existe, por lo que hay una "impunidad total", en palabras de la funcionaria. En efecto, la desconfianza de los mexicanos en el sistema de justicia hace que el 99 % de los delitos no sea denunciado. De los que son denunciados, llega a tribunales el 0,4 % y de éstos se sentencia el 0,2 %. Los delincuentes y criminales tienen ínfimas posibilidades de ser sentenciados. En el caso específico de los detenidos por homicidio, 43 % no recibe sentencia. Un delincuente de alta peligrosidad tiene un riesgo de ser sentenciado del 2 %.
Otro problema es la falta de jueces, además de la corrupción entre los existentes, algo que no es raro. Siempre de acuerdo con Sánchez Cordero, en México hay 4,19 jueces por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio mundial, que es de 16,23. En suma, el sistema de justicia en México es prácticamente inexistente y lo que hay está en ruinas. Aún así, no es un asunto prioritario para el actual gobierno mexicano, al que por lo demás el sistema judicial le pone toda clase de trabas. No es una problemática que debiera desatenderse y no se resuelve con perseguir nada más a "peces gordos" (Emilio Lozoya por Odebrecht, etcétera...).
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lunes, 15 de julio de 2019
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