Cuando uno de los jefes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Jesús Santrich, se vió envuelto en un presunto caso de tráfico de drogas, los medios de comunicación masiva no pusieron demasiado en duda la versión. Así funcionan las noticias: se hace bombo y platillo con mentiras o con verdades a medias, se sincroniza de este modo a la "opinión pública", y cuando tiempo después aparece la verdad no se propaga ni tiene mayor resonancia, sino que se queda en un rincón hasta el olvido. Hoy se sabe que Santrich fue objeto de una trampa tendida en parte por la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) estadounidense pero, lo que es más, por la Fiscalía colombiana entonces a cargo de Néstor Humberto Martínez. Hay 24 mil audios que lo prueban. Así, la Fiscalía estuvo saboteando el proceso de paz acordado en La Habana en 2016 y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que juzga los delitos de los involucrados en el conflicto armado de décadas en el país sudamericano.. La idea era que Santrich acabara extraditado, pero en un momento provisional de libertad aprovechó con otros para volver a la clandestinidad, no sin advertir que el gobierno colombiano jugaba sucio. Santrich, Iván Márquez y algunos líderes más se rearmaron y crearon la llamada Segunda Marquetalia. Quienes se han quedado a proseguir con un proceso de paz lentísimo y enmarañado, hecho para entorpecer lo pactado, han corrido a su vez el riesgo de ser juzgados, como el mismo Rodrigo Londoño, Timochenko, quien no para de abjurar de su pasado.
Mientras tanto, los asesinatos de líderes sociales continúan: 309 en el año 2020 (97 de ellos en el departamento del Cauca). El asunto es viejísimo: la guerrilla deja las armas y quienes buscan un cambio caen abatidos por fuerzas "irregulares" (pueden ser narcoparamilitares), ante un Estado que no mueve ni un dedo, en el mejor de los casos. Decimos "en el mejor de los casos" porque ahora se sabe más sobre el pasado. En 1985, a raíz de acuerdos de paz transitorios entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur, más de un guerrillero optó por pasar a la luz pública y competir políticamente en un movimiento nucleado en buena medida por comunistas, la Unión Patriótica (UP). El resultado de este gesto es que entre 1984 y el año 2002 fueron asesinados 4 mil 153 miembros de esta organización, lo que incluyó a dos de sus presidentes, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, además del líder de la Juventud Comunista, José Antequera, 9 de los 14 congresistas elegidos en 1986, 11 diputados, 109 concejales y al menos 8 alcaldes. Incluso la Fiscalía de la Nación tuvo que terminar reconociendo el asesinato en masa de militantes de la UP como crimen de lesa humanidad. Recientemente se dió a conocer que fue algo decidido desde el gobierno, con el presidente Virgilio Barco a la cabeza, y con asesoría de Rafi Eitan, miembro de la inteligencia israelí y ramificaciones que llegan, como siempre, al intocable líder de la extrema derecha Alvaro Uribe. Cabe señalar que ahora se puede decir lo que se quiera: la mayoría de los procesos penales abiertos por estos crímenes quedó en la impunidad. Dicho sea de paso, también fueron ejecutados algunos dirigentes de otras guerrillas, como Carlos Pizarro, y miembros del Partido Liberal, como Luis Carlos Galán. Ni siquiera el líder de la izquierda progresista colombiana (Colombia Humana), Gustavo Petro, se detiene demasiado en las revelaciones recientes sobre lo ocurrido con la UP.
Este tipo de masacres están tan naturalizadas como el asesinato de líderes sociales de un tiempo a esta parte. Incluso si un sindicato de maestros se lanza a la huelga pidiendo alguna mejora económica, sus líderes se encuentran bajo tierra: 30 maestros han sido asesinados en Colombia desde 2018. Al parecer, para los muy democráticos gobiernos colombianos, no hay mejor garantía de la armonía social que la permanencia de los opositores en los cementerios. Pero esta vez nos quedamos con algo de alegría caleña:
