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sábado, 14 de enero de 2023

LAS FICHITAS

 La oposición mexicana, en especial la mediática, muy poderosa, está atenta al menor indicio de corrupción en el gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y existe gente para creer que es "lo peor", aunque, hasta el momento, cabe mencionar por ejemplo -sin que se trate de justificación- que ningún gobernador del Movimiento de Regeneración Nacional (MoReNa) ha sido agarrado en alguna trapacería mayúscula.

     No parece haber en el actual gobierno de México algún tipo de acuerdo similar al que hizo el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (2006-2012), con los cárteles de la droga de Sinaloa, principalmente, y con el de los hermanos Beltrán Leyva, uno de los cuales, no está de más mencionarlo, vivió en la Ciudad de México en la alcaldía Benito Juárez. García Luna, quien está acusado además de robarse cientos de millones de dólares (!) del erario, resulta menos atractivo que Pío López Obrador o que los negocios de Manuel Bartlett Díaz, encargado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de los que no ha salido ninguna prueba de que sean ilícitos. No es que el actual gobierno mexicano sea impoluto, pero los medios debieran quedar invitados a detectar a alguien que se haya embolsado tranquilamente 600 millones de dólares, o que esté involucrado en líos como el de Oceanografía, de tiempos del presidente Vicente Fox, quien inauguró la marcha del país a ritmo de banda sinaloense (lo que resulta ya cansado al cabo de 22 años).

     Lo que no es tan complicado de probar es que la oposición tiene una gran afición por los negocios turbios. Después de San Pedro Garza García, en el área metropolitana de Monterrey, la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, ha pasado por ser la segunda con mejor nivel de vida en México. Es una alcaldía gobernada desde hace tiempo por el partido Acción Nacional (PAN), de derecha, el mismo de Fox (2000-2006) y del presidente Felipe Calderón (2006-2012). Resulta que los tres últimos delegados y alcaldes de Benito Juárez, Jorge Romero, Christian von Roehrich y Santiago Taboada están metidos en el caso del "Cártel Inmobiliario": suculentos negocios que desembocaron en más de mil edificaciones irregulares tan sólo entre 2017 y 2021. Las declaraciones patrimoniales de Taboada, actual alcalde, no cuadran, y von Roehrich está prófugo. 

     Por cierto, esta persona hizo campaña para tontos, por decirlo de manera suave: como "Christian von", siendo que, si el apellido es alemán, "von" quiere decir "de" (como título de nobleza), por lo que hizo campaña como "Christian de". Hasta hace poco, el señor "de" era coordinador del grupo parlamentario del PAN y de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. De Romero se conocen desde antes los actos de corrupción. Es coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso. 

     En la delegación -hoy alcaldía- Benito Juárez no faltó quien se quisiera escudar en un bando de López Obrador para explicar la proliferación inmobiliaria, pero resulta que las pruebas apuntan a los tres panistas. Las cuentas de von Roehrich tampoco están en orden. Si se quiere decir que es "persecusión política", entonces se debe admitir que MoReNa diga lo mismo cuando el blanco es alguien del gabinete o la cercanía del actual presidente. El problema es que nadie se atreve a decir lo mismo de García Luna porque el juicio se lleva a cabo en Estados Unidos. De la misma manera, nadie se atreve a reclamarle a Estados Unidos que capture aunque sea a uno de los dealers o de los capos que distribuye la droga en la potencia. No cae nunca ni uno, ni grande ni pequeño. En la tercera ciudad de México, Monterrey y su zona conurbada, e incluso en el conjunto del estado (Nuevo León), el crimen organizado podría haber logrado connivencias muy altas en la gubernatura (MC).

     Aquí empieza lo que parece gracioso: que una parte de la sociedad mexicana confíe su suerte y, lo que es más, su seguridad -como sucede en la alcaldía Benito Juárez -a delincuentes, creyendo que López Obrador les va a robar.

     Con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o Movimiento Ciudadano (MC) es un poco diferente, aunque el PRI ya se ha lucido con gobernadores ladrones de antología, desde César Duarte (Chihuahua) hasta Javier Duarte (Veracruz), pasando por el tamaulipeco Tomás Yarrington. Algunos gobernadores del PAN han pisado la cárcel, como el sonorense Guillermo Padrés Elías. En cuanto al gobernador de Jalisco (MC), Enrique Alfaro, tiene nexos con el crimen organizado.

      Si no se le quieren creer las cifras a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, es más difícil negar las estadísticas federales que reproducen incluso revistas de negocios como Expansión: si tres de cada diez homicidios culposos se cometen en estados gobernados por MoReNa, quiere decir que la oposición se lleva el grueso de la inseguridad, en particular en estados como el de México (PRI), Guanajuato (PAN), que realmente se luce; Jalisco (MC) y Chihuahua (PAN). Las excepciones de MoReNa son Michoacán y Baja California. Las seis entidades concentran 27 de las 50 ciudades más violentas de México. 

      No es una tendencia exclusiva de México, ya que tiene lugar en otros países de América Latina: la derecha es incapaz de gobernar, y si parece hacerlo, pronto se convierte en paraíso de la inseguridad, por más que la izquierda tienda a relegar el problema. Hay una excepción: Coahuila, en el norte de México, con gubernatura priísta, que limpió al estado del crimen y que debió llamar la atención del académico Sergio Aguayo, lo que no sucedió (Coahuila encontró con Rubén Moreira un muy buen "modelo" de acción contra la delincuencia, y hoy tiene a dos de las ciudades más seguras de México: Saltillo y Piedras Negras).

   Si la oposición quiere creerse protegida por mafiosa, allá ella: ni siquiera ha hablado de algunos otros escándalos fuertes del sexenio (Lozoya, Robles), y no queda claro si tiene algo positivo que proponer (dejando de lado casos como el coahuilense), o si se trata nada más de lamentar que "Mexiquito" no sea Estados Unidos o Canadá. No es que López Obrador merezca incienso: es nada más cuestión de tomar las pruebas en su conjunto y ponderarlas, a condición de admitirlas y no simplemente denegarlas. De buenos jueces no se trata.  ¿Qué tal algo perrón (da click en el botón de reproducción)?



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