Al principio, un probable error de entendimiento de la lealtad por parte del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador: la ministra Yasmín Esquivel, que era candidata a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, hizo su carrera a la sombra de Marcelo Ebrard, actual canciller, y de quien fuera delegado en Azcapotzalco, en la capital mexicana, David Jiménez, para aterrizar como embajador en Honduras sin la menor experiencia diplomática. Pasó primero la afinidad política antes que el profesionalismo.
La oposición mostró que, sin necesidad de ser "bellaca" (palabra que no se emplea en México) ni marrullera, lleva en el alma la herencia colonial propia de buena parte de América Latina: la utilización del engaño, que da la apariencia de algo para hacer o calcular otra cosa distinta.
El asunto comenzó con la detección de un plagio por parte de Guillermo Humberto Sheridan Prieto, "académico" de la universidad pública pero también miembro de un grupo político: ventilado el problema en el programa estrella de Carlos Loret de Mola, Esquivel, titulada en 1987, resultaba acusada de plagiar la tesis de Edgar Báez, titulado en 1986. Es una "evidencia": lo es, en todo caso, lo suficiente para orquestar un linchamiento mediático contra la ministra y para que se denieguen todas las pruebas en contrario. Alguien replica: Guillermo Sheridan lleva años de años en la universidad pública sin dar clases en ella, prácticamente sin dirigir tesis y viviendo de comisiones y sabáticos. Para el lópezobradorismo "sanguijuela del cadáver de Paz" (Octavio Paz), Sheridan no es malo para engañar: contesta públicamente poniendo su obra por delante, se escuda en la academia y omite responder sobre clases, tesis y comisiones. La universidad pública desconoce el caso.
Turnado a una instancia universitaria específica, ésta concluye que Esquivel plagió. No se investiga nada, ni se toman en cuenta varias pruebas aportadas por Esquivel en el sentido de que ella empezó la tesis en 1985, y fue plagiada por Báez. Toda prueba contraria a la resolución de la opinión pública es denegada. La universidad pública no explica en ningún momento por qué en su repositorio la tesis de Esquivel fue cargada antes, ni se pronuncia sobre el documento de prueba de que Esquivel comenzó el escrito en 1985. Los linchadores no reparan en un detalle: mientras el título de la tesis de Esquivel es el correcto ("inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza"), el de Báez no lo es ("sindicatos de los trabajadores de confianza", que simplemente no pueden existir). La directora de ambas tesis, Martha Rodríguez, es quien debe estar en la mira: hay cuatro tesis similares a las de Esquivel y Báez, y ocho plagiadas, pero Rodríguez no es lo que interesa. Sheridan la omite. La directora de tesis ha declarado lo suficiente ante la ley, así sea una instancia equivocada: fue ella, la directora, quien le dió a Báez el escrito de Esquivel. Las pruebas ante notario -únicamente el periódico español El País reproduce íntegramente lo escrito por Báez sobre el plagio, y no desmentido- son denegadas hasta por el propio notario, que aduce no poder hablar "por secreto profesional" de algo que Báez sí firmó. Es sencillo: desde que Sheridan se ha presentado en LatinUs con Loret de Mola, la presunción de inocencia se desvanece, y la universidad pública no indaga nada en serio, omitiendo por lo demás que no es ajena al proceso de la Suprema Corte: el candidato Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (termina por llegar Norma Piña) es miembro del Consejo Directivo de Fundación UNAM desde 2016, como lo fuera su abuelo Antonio Ortiz Mena. De todas las pruebas aportadas aquí, ninguna es tomada en cuenta por la "opinión pública" -moldeada por los medios de comunicación masiva-, ni por instancias universitarias: todas son denegadas, es decir que se omite decir si son ciertas o falsas. En estas circunstancias, más de un medio cree que es el que hace la ley.
En la universidad pública muchas cosas son posibles: miembros de la Junta de Gobierno que no saben escribir un párrafo, por ejemplo, o directores de institutos que plagiaron su tesis, habiéndolo hecho hasta un antiguo director de la misma entidad que "dictaminó" el caso de Esquivel/Báez. Se paga en ocasiones entre el alumnado para que se hagan trabajos o incluso tesis que no aparecerán como plagios, pero que no son de autoría propia. Y la verdadera calidad académica es más bien excepcional: no es difícil demostrar cómo más de uno tiene un curriculum vitae tan cuantioso que impide la calidad, incluyendo los "44 libros publicados" por Sheridan. Se puede premiar como investigador a quien no lo es: por ejemplo, a la cabeza de "los Woldies", José Woldenberg. Todo está en saber engañar y, para ello, en ser ducho para adulterar los hechos y silenciar las pruebas. Todo el aparato de Justicia mexicano funciona sobre la base de "evidencias" que se saltan las pruebas a la torera, teniendo el inocente que probar que lo es.
En su mayoría, con muy pocas excepciones, a López Obrador se le han sembrado casos cuidando de no ir más allá de las apariencias, puesto que son las que sirven para engañar, trátese de un patrimonio (Bartlett o Sandoval), de una casona en Houston (López Beltrán), de dinero recibido (Pío López Obrador) o temas por el estilo (lo de Delfina Gómez es menos loable). Lo ocurrido no es ajeno a lo que sucede en otros lares de América Latina. Es de pensar que "los derechos y las libertades" consisten en la posibilidad de denegar cualquier prueba en contrario de la apariencia escogida para engañar.
