México aprobó un Sistema Nacional Anticorrupción que entronca con los sistemas similares que se han elaborado en otros países de América Latina, aunque desde enfoques distintos (Ecuador, Bolivia, Cuba) y en algunos casos algo similares (Perú, Costa Rica).
El Sistema mexicano estipula que los bienes que sean adquiridos por medio de corrupción puedan ser confiscados por la autoridad (incluida la extinción de dominio). La corrupción se castigará no solo entre servidores públicos, sino también para los particulares que la fomenten. Será obligación de los servidores públicos presentar declaración patrimonial y de intereses, se instituirá un Tribunal Federal de Justicia, un Sistema Nacional de Carrera para los fiscalizadores y los servidores públicos podrán ser sancionados aún al terminar su cargo. Por cierto que en tiempo real la Auditoría Superior de la Federación podrá ver en qué consisten gastos y obras desde la contratación hasta la finalización de la obra. Habrá mayor vigilancia sobre el ejercicio de recursos públicos de estados y municipios provenientes de participaciones federales.
Cabe señalar que, aunque la iniciativa anticorrupción vino del actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo lo que pudo por preservar ciertos privilegios del añejo presidencialismo. El partido gobernante no tuvo éxito en ésto, de tal forma que no parece que haya una "dictadura perfecta" que bloquee todas las leyes que considera inconvenientes, ni será tan fácil darles la vuelta.
González Iñarritu tendrá por fin el país que El se merece, por cierto.
Bromas aparte, en medio de problemas de corrupción muy graves, México parece haber avanzado más que Brasil y que Argentina, donde los problemas de este tipo -en el segundo país al menos- se dirimen de formas a veces más turbias que en México.
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