Por distintas razones, Estados Unidos ha decidido apretarle las tuercas a Daniel Ortega en Nicaragua. Un medio para hacerlo es la Nica Act (Nicaraguan Investment Conditionality Act, por sus siglas en inglés) estadounidense, que se opone a que instituciones financieras internacionales otorguen préstamos al gobierno de Managua, la capital nicaraguense. La Nica Act exige, entre otras cosas, que se tomen medidas para garantizar la "transparencia electoral" y "combatir la corrupción". La iniciativa tiene apoyo bipartidista y surgió entre otros de los senadores Ted Cruz, Marco Rubio y Bob Menéndez. La Nica Act no nada más ve con malos ojos la cercanía de Ortega con Venezuela, aunque la ayuda venezolana ha venido menguando, sino también del ejército de Nicaragua con Rusia. No está siempre dicho, pero a Washington, además, nunca le gustó la iniciativa de un Canal de Nicaragua con financiamiento chino y que compitiera con el Canal de Panamá. El caso es que la Nica Act decidió exigir "elecciones libres, justas y transparentes".
Cuando se anunciaron las reformas al Instituto Nicaraguense de Seguridad Social, por las cuales también los empleadores debían aportar más, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) nicaraguense puso el grito en el cielo: fue la primera organización de peso en rechazar el anuncio, y por cierto que Ortega anuló la reforma. El argumento del COSEP fue el clásico de los empresarios: que "aumentaba la incertidumbre" con la reforma y con ello se limitaba la creación de empleos en el sector privado. Laura F. Dogu, embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, se ha reunido con miembros del COSEP (preocupados igualmente por la disminución de la cooperación europea), para decirles, según un comunicado de hace varios meses, que "la débil institucionalidad, las deficiencias en el Estado de Derecho"y el "elevado control por parte del Poder Ejecutivo" son impedimentos para hacer de Nicaragua un país "más atractivo para la inversión".
Es en este contexto que, convocados por las redes sociales, aparecieron los "plantones" y luego las grandes protestas contra el gobierno de Ortega. Las redes ya habían recibido cierto entrenamiento: la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), tapadera de la Central de Inteligencia Americana (CIA), viene donando en estos años ayuda a organizaciones no gubernamentales locales y organizaciones políticas opositoras para "desarrollar las capacidades para la defensa de la sociedad civil", que es exactamente lo que parece estar sucediendo. Nada más en 2016, la USAID entregó 31 millones de dólares para este propósito (68 millones de dólares en los dos últimos años). La USAID ha reconocido que quiere ayudar a la "gobernanza civil" ni más ni menos que "utilizando los medios de comunicación". El 16 de abril del año en curso, los dirigentes de organizaciones no gubernamentales opositoras (como Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Hagamos Democracia, Comisión Permanente de Derechos Humanos, Centro Nicaraguense de Derechos Humanos) y grupos políticos (Movimiento de Renovación Sandinista, Frente Amplio por la Democracia) y medios de comunicación como La Prensa y Confidencial (dirigido por el hijo de Violeta Barrios, Carlos F. Chamorro) celebraron con bombos y platillos que la USAID haya decidido seguir "financiando a la sociedad civil nicaraguense", lo que para Chamorro consiste en distanciar al COSEP de Ortega. Para quienes reciben la ayuda, es también un modo de vida. El Canal 6 de Nicaragua tiene por cierto tomas de cómo una parte de esta "sociedad civil" está integrada por delincuentes armados. Aún así, cabe señalar que Ortega también ordenó a la policía dejar de reprimir.
Tal vez faltaba que, ante la inestabilidad económica, surgiera con nitidez lo que La voz del sandinismo llama el "talón de Aquiles" del progresismo: "esa clase media que se beneficia del modelo y luego lo abandona acusándolo de autoritario o de cualquier otro invento que acomode a los medios y poderes locales". Logró disfrazarse de "acción ciudadana". Al inicio del diálogo nacional, aceptado por Ortega, Monseñor Juan Abelardo Mata le dijo al presidente: "ha comenzado, con dolor lo digo, una revolución no armada". Y como es de colores, así la coloreó un estudiante, Lesther Alemán, en la mesa de diálogo: "esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, le dijo a Ortega. Ríndase ante todo este pueblo, ordene el cese el fuego ahorita mismo. Lo que se ha cometido en este país es un genocidio". Ahí está, en una supuesta "revolución ética", el lenguaje de izquierda convertido en de ultraizquierda al servicio de los intereses enumerados. Por cierto, ¿cómo puede ordenar un cese al fuego alguien que supuestamente debe primero rendirse?
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