Según Monreal, el objetivo de la "sacudida" al sistema de justicia es "una mayor cercanía de los órganos de justicia con el justiciable, con el demandante de justicia, en un plan de imparcialidad y de transparencia, de efectividad. Concederle el derecho a quien lo tiene, sin que influya el dinero", de acuerdo con una entrevista dada al periódico El Universal. Monreal volvió a decir que hay increíbles redes de nepotismo y, además, de dictados y soluciones "a modo". En el caso del CJF, hubo renta de edificios que no se ocupaban, contratación de tecnología sobrestimada, y de construcciones que no existieron. Según el político zacatecano, el amafiamiento no está nada más en relación con el narcotráfico: se encuentra en lo civil, corporativo, penal y administrativo. Se le planteó al presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el problema de la corrupción. Según Monreal, el asunto "no puede quedarse sólo en el enunciado de irregularidades", sino que se tiene que proceder al "deslinde de responsabilidades". Monreal viene insistiendo en el tema por lo menos desde octubre pasado, cuando junto con la senadora Gricelda Valencia de la Mora sugirió un proyecto en materia de evaluaciones de control de confianza para el ingreso y promoción de jueces y magistrados.
Hasta ahora, el poder judicial no ha respondido con deslinde de responsabilidades ni castigos concretos y el proyecto de Monreal no puede conseguir una mayoría calificada. Casi no hay comentarios en los medios de comunicación y en las redes, como si la injusticia fuera de lo más natural y no pudiera remediarse. En cambio, con la cantinela de que es "autoritario", se ha querido acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de querer controlar la Corte, siendo que, se repite una y otra vez, el poder judicial es autónomo. No es autónomo de todo, por lo que no puede hacer lo que le venga en gana (como ocurrió en el CJF), y no es, en particular, autónomo del Estado, aunque lo sea de los otros poderes, el Ejecutivo y el legislativo.
Por cierto, las autoridades mexicanas tienen que responderle a los mexicanos y no a la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien estuvo en México para entrometerse en todo lo que no entiende (incluído de nuevo el caso Ayotzinapa y en la formación de la Guardia Nacional) y se entrevistó con Arturo Zaldívar. ¿Qué autonomía y de quién? Es México el que exige respuestas, no la señora Bachelet.
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