Así que la noticia del día pudo ser la captura en España de Emilio Lozoya, "pez gordo" del régimen anterior. En realidad, la noticia estaba en otra parte. El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo suya la iniciativa de reforma al Poder Judicial que propuso el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. De este modo, se partió del Poder Judicial mismo, respetando su independencia, para que el Ejecutivo mande al Legislativo la propuesta de Zaldívar.
Zaldívar busca apuntalar al Consejo de la Judicatura Federal (el órgano que vigila las acciones de los jueces y magistrados) para acabar con formas de discrecionalidad que incluyen corrupción, venta de plazas y tráfico de influencias desde hace décadas. Todavía a finales de 2018 se daba a conocer, a título de ejemplo, que el 51 % de los jueces en México tiene al menos un familiar en el Poder Judicial. Así, las redes familiares -y de una manera general, de corrupción- impiden un filtro meritocrático.
De manera muy positiva, la iniciativa de Zaldívar asumida por López Obrador implica entre otras cosas consolidar un verdadero sistema de carrera judicial basado en criterios objetivos, condiciones de igualdad de oportunidades y méritos. Se impulsaría una auténtica escuela federal de formación judicial en el Poder Judicial de la Federación, incluyendo a la Defensoría Pública Federal. En algo que de manera inaudita no parece importarle a la fauna intelectual lópezobradorista, más preocupada de hacerse al vapor de una "gran visibilidad" (si es posible, latinoamericana), Zaldívar propuso acercar el Poder Judicial a la gente y en particular a los más pobres, que en México no tienen los recursos para salir adelante cuando todo es asunto de compra-venta. Habría entonces un nuevo perfil de jueces, al mismo tiempo más capacitados y más sensibles, y un nuevo perfil de defensores públicos, que puedan fungir como verdaderos abogados de la gente sin recursos, y para llevar la justicia hasta los rincones más aislados en el país.
La iniciativa de Zaldívar incluye políticas de adscripción sobre la base de criterios objetivos y por las necesidades de servicio para recobrar la legitimidad del Poder Judicial ante la gente; el fortalecimiento de las facultades institucionales para el combate al nepotismo, la corrupción y el corporativismo judicial; consolidar el sistema de carrera de la Escuela Federal de Formación Judicial y ampliar sus servicios, para fortalecer al Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Zaldívar consideró que con un Poder Judicial funcional -que funcione- se podría devolver la esperanza en la justicia a quienes la han perdido, y que en México no son pocos. Un asunto importante es desde luego que se logre la profesionalización del servicio. Toca al Congreso trabajar con la propuesta, pero es una buena noticia, y con López Obrador de vez en cuando las hay.
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