El aparato judicial ecuatoriano ha estado buscando todas las formas de impedir que el ex mandatario Rafael Correa (foto, abajo) vuelva a presentarse en unas elecciones (las presidenciales tendrán lugar en 2021), así sea como candidato a la vicepresidencia (no puede presentarse a la presidencia). El caso "Sobornos" debería haber llamado la atención internacional. Correa fue acusado de "cohecho", entre otras cosas con Odebrecht, la constructora brasileña, que para el caso no ha dicho absolutamente nada (ni fue acusada tampoco). Como no existe ninguna manera de probar que Correa haya tenido algún contacto con los presuntos implicados, la sentencia en su contra alega que tuvo "influjo psíquico" sobre un grupo de funcionarios. Se trata de algo que, si no fuera grave por lo que supone de disolución del estado de derecho, sería muy cómico y terminaría de probar que el Ecuador ha retrocedido, gracias al actual presidente Lenín Boltaire (sic) Moreno, a la fase más bananera de su Historia. Desde el punto de vista de dicho estado, sucede que en realidad el Ecuador carece de leyes, mientras la Fiscalía y el Tribunal están coludidos, hay archivos manipulados y sembrados en computadoras, testimonios anticipados sin juramento (que por lo demás no señalan ningún cohecho) y fórmulas jurídicas disparatadas ("autor mediato por instigación", etcétera). A cualquiera se le puede fabricar cualquier cosa y, bananos aparte, es una modalidad de protofascismo, la misma que se utilizó contra el ex vicepresidente preso Jorge Glas, juzgado con un código penal derogado y en la cárcel por lo que los medios de comunicación masiva han llamado "la fuerza de las circunstancias".
Para poner la cereza del pastel, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió que se reformara el reglamento interno de las organizaciones políticas, obligando a quien quiera presentarse a una elección a inscribirse personalmente. Así, ahora la proclamación y aceptación de precandidaturas de postulación popular debe ser "expresa, indelegable y personalísima", y en caso de ganar la candidatura para "dignidades nacionales", es menester para el vencedor presentarse en oficina y ante los delegados del CNE en Quito, la capital ecuatoriana. Si Correa pone un pie en el Ecuador, va inmediatamente preso por los cargos que se le han fabricado. No puede presentarse de manera "personalísima".
Mientras tanto, en Bolivia, se utilizan audios adulterados para tratar de montar un juicio -sin notificación, siquiera, ni posibilidad de prestar declaración- al ex presidente Evo Morales por "terrorismo". La imputación parece haber salido de quien la estaba buscando, el ministro (interino) de Gobierno, Arturo Murillo. Cabe señalar que las masacres de Senkata y Sacaba (unos 37 muertos, 500 heridos) no fueron cometidas por Morales, sino por fuerzas militares y policiales del gobierno de Jeanine Añez, que abrieron fuego contra población civil.
Bolivia y el Ecuador fueron los dos países que, mientras tuvieron gobiernos de izquierda, más avanzaron en el desarrollo (muchísimo más que Argentina, Brasil o Venezuela), algo reconocido por organismos internacionales a los que difícilmente se puede tachar de "ideologizados" o de ser prestidigitadores. En ambos casos, está por verse si la izquierda hoy en la oposición tiene posibilidades de regresar, habida cuenta de los candados legaloides que imponen los "gobiernos" de Añez y Moreno. Llama poderosamente la atención el uso protofascista de la ley, ya que está en manos de delincuentes probados. Se trata de un prototipo que no está dirigido nada más contra tal o cual opositor político, sino a la opinión pública, por lo que a veces se conoce como tipo "incendio del Reichstag". Lo único es que, por subdesarrollado, se trata de un protofascismo inepto.
