El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele no es uno carente de ideas y está promoviendo la elaboración de una nueva Constitución. Contra lo que pudiera pensarse, no parece ser un texto a la medida de las supuestas ambiciones personales de Bukele, que tal vez no las necesita. La presidencia se prolongaría apenas de cinco a seis años, no mucho, y la introducción de la figura de consulta ciudadana (plebiscito, referéndum, revocatorio de mandato...) estipula que "en ningún caso estos mecanismos servirán para prorrogar el mandato presidencial o para permitir la reelección inmediata de quien ejerza la presidencia". Nadie está tampoco militarizando el país: el papel de las fuerzas armadas seguirá siendo a grandes rasgos el mismo, "defensa de la independencia, la soberanía del Estado y de la integridad del territorio". Hay con conjunto bastante amplio de reformas que parece destinado a volver más eficaz el Estado (196 modificaciones de 272 artículos). A la oligarquía no le ha gustado la propuesta. A la encargada de negocios de la embajada, la estadounidense por supuesto, Jean Manes, no le agradó la idea de la consulta ciudadana. Manes parece haber temido que se tratara de reelección o extensión del mandato presidencial, algo burdo. El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, dejó en claro que "en ningún caso servirá (la consulta ciudadana) para prorrogar el mandato o permitir la reelección presidencial inmediata".
Si se menciona el tema de esta propuesta de Constitución, es para destacar que habrá atención a la cuestión social: garantizar y ampliar el derecho al trabajo, la educación y la salud, ampliar los derechos sindicales, incluidos los de los trabajadores del Estado (tendrán derecho a huelga), asegurar la laicidad de la educación y reconocer el derecho a una alimentación adecuada, además del derecho al agua y al aire de calidad. Se agregan las categorías de solidaridad y equidad a la de justicia social.
Algo llamativo es que, para ser candidato, se podrá hacer sin formar parte de ningún partido político, y bastará con ser parte de una asociación con fines políticos ("asociaciones no partidarias, con fines políticos"). Este iniciativa muestra el hartazgo con los dos principales partidos que alternaron en el gobierno desde el fin de la guerra interna: el derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de izquierda.
El FMLN ha dado un giro muy marcado hacia una orientación penosa de tipo Demócrata estadounidense, enfocándose no en el análisis social, sino en los derechos al aborto, de los pueblos indígenas, de los jóvenes o de los grupos LGBTTTIQ+, simplemente porque el pueblo se fue por otro lado. La explicación que no aparece es la siguiente: el ex presidente efemelenista Salvador Sánchez Cerén se encuentra prófugo, acusado de lavado de dinero, y encarceladas entre otros la ex alcadesa de San Salvador Violeta Menjívar y la ex ministra Erlinda Handal. No se está preguntando si hay motivos políticos para perseguirlas, sino si las acusaciones están fundadas (y líderes del FMLN, como Shafick Handal hijo, han reconocido la existencia de sobresueldos), en cuyo caso la izquierda salvadoreña cuando estuvo en el gobierno habría cometido errores graves que ameritarían otra cosa que "solidaridad con Cuba y Venezuela" y frases de Fidel Castro o tonterías de Nicolás Maduro sobre el lawfare, todo lo cual no es a estas alturas más que ideología, o en el mejor de los casos retórica, para no asumir lo que se sabe desde antes de que terminara la guerra: que la cúpula del FMLN fue copada por gente de clase media con aspiraciones clasemedieras alejadas del pueblo, al que sólo le tocó algo de asistencialismo. No se trata, en el caso de Erlinda Handal, Menjívar y otros, de acusaciones en exclusiva contra el FMLN, puesto que hay también figuras de ARENA en la mira, como Norman Quijano, ex presidente de la Asamblea Legislativa y ex candidato a la presidencia. Tampoco es un escarmiento selectivo por corrupción (en este caso, la llamada "Operación Desfalco"), ya que se han dado otros casos, como la "Operación Monarca", en San Rafael Obrajuelo y Zacatecoluca, donde cayó incluso gente de un partido oficialista.
No es de considerar que el gobierno de Bukele está exento de defectos, pero no parecen ser los típicos de una "dictadura" o cosas por el estilo, e incluso analistas de izquierda han reconocido entre otras cosas las ventajas que puede traer la nueva Constitución. No estaría mal que la maltrecha oposición conteste sobre los temas que están en la mesa en vez de desplazar las cosas (seguramente podrán encontrar algún corrupto en el gobierno de Bukele o lamentarse de que Bukele se fue a Ibiza, pero no son realmente "temas").
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