Los pandillas que azotan a la capital haitiana, Puerto Príncipe, suelen ser tomadas por algo así como un desastre natural, como lo ha señalado recientemente Guadi Calvo en el portal Rebelíon. Sin embargo, Estados Unidos es el primer lugar donde se sabe que no es así, por lo que el gobierno de Donald J. Trump ha tomado algunas pocas medidas para sancionar a los empresarios que están detrás de los pandilleros de "Vivir Juntos" (Viv Ansanm). Es así que acaba de ser detenido Dimitri Vorbe, gran empresario, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Previamente había sido arrestado el magnate Réginald Boulos, acusado directamente de vínculos con las pandillas. Vorbe es un gran empresario de la electricidad. Como ya se había señalado, parte de la política del presidente Nayib Bukele en El Salvador fue perseguir a líderes importantes de ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) que tenían vínculos con las pandillas locales, las maras. Pero el gobierno de Trump no ha logrado ir mucho más lejos en Haití, y la pequeña misión de soldados kenianos no puede hacer gran cosa: siguen dándose de tanto en tanto masacres contra gente de abajo, como hace poco de más de una decena de personas en Arcahaie (Labodrie), cerca de Puerto Príncipe. Tampoco parece mayor solución mandar a los mercenarios de Erik Prince, de lo que ahora es Vectus Global.
Las pandillas sirven, en parte, de elemento disuasorio contra cualquier intento de organización desde abajo, al menos en la capital, puesto que al interior de Haití hay formas de autodefensa. Este asunto de no exclusivo del país caribeño. En Colombia, el paramilitarismo ha servido también, al igual que las fuerzas del narcotráfico, para reprimir, como sucedió con la Unión Patriótica (UP) en los '80, en parte a manos del narco Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como "El mexicano". Pese a que no se dice mucho sobre el tema, aunque lo ha revelado Juan Jesús Lemus, periodista de investigación independiente, en México el narcotráfico llega a aliarse con empresas transnacionales mineras, por ejemplo, para "coexistir", haciendo los sicarios el trabajo sucio de liquidar a cualquiera que se oponga a la entrada o los abusos de la empresa (y también hay una que otra mexicana metida en este modo de accionar). Ha sucedido, además de en el norte, también en Michoacán, documentado por el mismo Lemus. No se trata de "criminalización de la oposición", sino del uso de criminales para reprimirla, pero pesa una losa de silencio sobre la problemática, como pesó alguna vez, entre 1988 y 19994, sobre los frecuentes asesinatos de miembros del PRD (Partido de la Revolución Democrática) en aparentes asuntos "comunes". Una represión similar llega a darse en Brasil y Paraguay. Por lo demás, en el Ecuador, la conocida carga de banano con droga se acompaña de una brutal represión a cualquier intento de sindicalización. Ocurre que en Haití, como en El Salvador antes de Bukele, el caos le ganó a la búsqueda de controlarlo, al menos en la capital. En todos los casos, son rancios empresarios y transnacionales que se sirven del crimen organizado (como el capital transnacional en grande y algunos gobiernos se sirven de grupos neonazis en Ucrania, lo que implica la alianza del capital y el lumpen. Es, por así decirlo", la "criminalización de la aristocracia financiera", que igual se alía con el terrorismo islámico, sea "moderadamente fanático" o "fanáticamente moderado", como sucedió en Siria para destruir al gobierno de Bashar al-Asad, para no hablar de Afganistán (donde también, en parte, el caos le ganó al intento por controlarlo, manteniéndolo). Así, en resumidas cuentas, la aristocracia financiera se sirve del crimen organizado.
En las condiciones descritas, las acusaciones de "narco" contra el actual gobierno mexicano son un fenómeno ideológico de inversión/proyección: Acción Nacional y el en el ocaso Partido Revolucionario Institucional (PRI), que saben muy bien del negocio, se lo atribuyen al gobierno: como parte del negocio es político, es probable, a reserva de la evolución de las cosas, que sea lo que se busca al tratar de "sacar" al líder del Senado, Adán Augusto López Hernández, para "desradicalizar" a la Cuarta Transformación. Políticos y medios de comunicación han creado un clima de linchamiento para usurpar un lugar que, en todo caso, corresponde al aparato judicial y a la policía, que encontró de inmediato al líder de La barredora. No se trata de "desastres naturales" -calamidades o pestes- del estilo "todos los políticos son iguales", ah, y éstos, "los peores", seguramente porque el intento de escandalizar se mide en la escala de Richter y la intensidad de las "ondas" en la audiencia: más allá de la presunción de inocencia y el debido proceso, los jueces no son los medios de comunicación masiva, a riesgo de que, como en el Ecuador, termine de caerse y corromperse al extremo el aparato judicial. (da click en el botón de reproducción).
