MEXICO: DESPRESTIGIAR AL ESTADO, LA CONSIGNA (y III)

El artículo 2 del Capítulo I de la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dice textualmente: "ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta". La única excepción es el famoso capítulo VII, que permite intervenir incluso con la fuerza (y previa autorización del Consejo de Seguridad) cuando está amenazada la paz internacional. En suma, la ONU no está facultada para meterse en el caso de Ayotzinapa en México, pese a lo cual el Comité de Desapariciones Forzadas del organismo internacional acaba de solicitar que los especialistas del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) puedan interrogar a militares mexicanos sobre lo sucedido con los normalistas en el vecino país al sur de Estados Unidos.
     El antecedente es tan lamentable que el periódico español de mayor venta en el mundo critica, como si estuviera hablando de una dictadura, a "un generalato poco acostumbrado a rendir cuentas al poder civil", desconociendo de un plumazo la diferencia entre México y el resto de América Latina durante ya casi cerca de un siglo: pese a que las exacciones existieron (en particular en Guerrero), el ejército mexicano se diferenció de prácticamente todos los de América Latina (incluso de países como Uruguay) por someterse al poder civil desde los años '20, cuando fue profesionalizado e institucionalizado (cualquiera puede hurgar en el papel clave jugado por Joaquín Amaro, sobre el cual hay numerosos estudios). Salvo excepciones, el mexicano no ha sido un ejército de "generalatos" ni de "generalísimos", por lo que no se trata tampoco, contra lo que dice el rotativo, del "intocable estamento militar mexicano".
      Así están las cosas: violando la carta de la ONU, la ONU quiere saber a quién le rinde cuentas el ejército mexicano, como si no importara demasiado saber a quién le rinde cuentas Naciones Unidas (que asume que en lo de Ayotzinapa "fue el Estado" desde el momento en que se tipifica el delito como "desaparición forzada"). Para esto ha servido una tipificacion dolosa ("desaparición forzada"), hecha por encima de la jurisdicción mexicana e incluso al margen de lo sugerido por el GIEI, aunque entre estos especialistas los hay no muy escrupulosos, como el peruano José L. Torero.
      Una cosa es de lamentar, muy de lamentar: este tufillo "antiautoritario", procedente de la extrema izquierda y recogido muy en particular en Estados Unidos, que tiene un aspecto "libertario" y que sirve en lo fundamental para un "anarco-capitalismo" que vive del "caos controlado", no de ningún orden mínimo en la vida en sociedad (ni se diga institucional castrense).