El hecho es que el proceso que encabeza AMLO no está dirigido contra los empresarios y, en rigor, no puede reducirse a la "derrama" de los programas sociales, que no dejan de ser asistencialistas, salvo excepciones, como tal vez la de los apoyos organizados para los agricultores por la Secretaría de Bienestar (programa "Sembrando vida"). La importancia de los empresarios no nada más está en convencerlos de invertir para que México alcance tasas de crecimiento más altas (hasta 4 %, según AMLO). Hay que lograr tal inversión en la perspectiva de crear empleos, de preferencia de calidad, y otorgar buenos salarios. En efecto, el asistencialismo no puede remplazar la creación de empleos formales y estables y el pago de salarios remunerativos. De otro modo, varios de los programas sociales no alcanzan y no están ligados a actividades productivas, por lo que pueden ser parasitados.
El papel de los empresarios es invertir su dinero y no saquear el del Estado, por lo que hay que separar a la verdadera iniciativa privada de los "políticos empresarios", que deberían desaparecer con el combate a la corrupción que se propone AMLO. Las cosas se complican en el marco de un acuerdo de libre comercio con el norte de América que arruinó a las pequeñas y medianas empresas y asoció a las grandes con las firmas transnacionales ante un mercado interno (nacional) cada vez más estrecho. No es fácil en estas condiciones creer en este mercado y resulta necesario que se aumente el salario en serio. El muy endeble Partido de la Revolución Democrática (PRD) es el que pidió desde el Senado el mayor aumento al salario mínimo (176 pesos), sin mucho eco, aunque había apoyo de una parte de la iniciativa privada ¿Querrá la cúpula empresarial diferenciarse de los "políticos empresarios" y decidirse a invertir con responsabilidad social en México en vez de instalarse en el chantaje al Estado, chantaje que ya han hecho calificadoras internacionales?
