COLOMBIA SIGUE SEMBRANDO

Desde la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC, hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), en noviembre de 2016, han sido asesinados 114 ex guerrilleros y 31 de sus familiares. No es poca cosa, aunque no de magnitud comparable a lo ocurrido alguna vez con la Unión Patriótica o en los desarmes de combatientes liberales. A lo que apunta el número de ex guerrilleros muertos es a que el paramilitarismo, o narcoparamilitarismo, sigue muy vivo en el país sudamericano gobernado por Iván Duque (foto).

Se sigue haciendo lo que está a la mano para retratar a quien se defiende del abuso como un "delincuente". A raíz de lo ocurrido con el miembro de las FARC Jesús Santrich (Seuxis Pausias Hernández Solarte), detenido con un montaje judicial y acusado de tráfico de estupefacientes, algunos otros líderes de la antigua guerrilla decidieron ponerse a buen resguardo. El resultado fue una orden de captura contra Hernán Darío Velásquez, "El paisa" (foto, abajo), alguna vez jefe de un cuerpo de élite de las FARC (la columna móvil Teófilo Forero).
     El trato de "delincuentes" dado a muchos de la FARC ni siquiera se sostiene en una Justicia competente. Jesús Santrich fue colocado al borde de la extradición a Estados Unidos, pero se dió la orden de liberarlo cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció que el Departamento de Justicia estadounidense no aportó pruebas fehacientes contra el ex guerrillero. Este Departamento no remitió las pruebas solicitadas por los colombianos.Como sea, la ultraderecha de Colombia, con el ex mandatario Alvaro Uribe, puso el grito en el cielo ante la posibilidad de la liberación de Santrich e hizo correr el rumor de que Duque debía proclamar el "estado de conmoción" para permitir la extradición del ex guerrillero preso desde 2018 en la cárcel de La Picota, en Bogotá, capital colombiana. Apenas Santrich salió de La Picota, fue recapturado con una nueva acusación de la Fiscalía: "concierto para delinquir con fines de narcotráfico" (sic).
     Cuando se perfiló la liberación de Santrich, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, conocido por su tibieza ante la constructora brasileña Odebrecht y también por sus vínculos con la "parapolítica" (entre otras cosas, le sembró dos casos a "El paisa"), anunció su renuncia, por considerar que no extraditar al antiguo miembro de las FARC "atenta contra el orden jurídico del país". Dicho sea de paso, la embajada de Estados Unidos en Colombia se pronunció en el mismo sentido (¿tal vez porque la DEA, Drug Enforcement Administration por sus siglas en inglés, o Administración para el Control de Drogas, ha sido acusada de estar detrás del montaje contra Santrich?). Pero hay algo "inexplicable": desde que las FARC se desmovilizaron, la siembra y el tráfico de droga desde Colombia no han bajado, sino que han subido, de tal forma que la siembra en el año 2017 alcanzó un récord histórico (171 mil hectáreas cultivadas). Ni siquiera las llamadas "disidencias de las FARC" -delincuenciales, como la que operaba en la frontera con el Ecuador - han segado vidas como las 114 mencionadas arriba. Pero la dizque "opinión pública" es llevada a voltear hacia quienes firmaron los Acuerdos de Paz y no hacia quienes llevan el tráfico de estupefacientes a niveles históricos. Se premia la injusticia (¿porque supuestamente "siempre ha sido así"?) y se castiga el anhelo de justicia.