Una acusación de un fiscal no es una sentencia, y la parte acusada tiene el derecho a la defensa. Todo debe hacerse con pruebas irrefutables. Pero el diario mexicano
La crónica, por ejemplo, editorializó el 8 de mayo, en su sección breve "Arriba, Abajo", que el ex presidente peruano Ollanta Humala "está a un paso de la cárcel" tras ser acusado de haber recibido de Odebrecht dinero para financiar su campaña electoral y por consentir que su esposa, Nadine Heredia (ambos en la foto, arriba, y hasta abajo), comprase inmuebles con el dinero que sobró del soborno de la constructora brasileña. En fin, 20 años de prisión para Humala y poco más de 26 para Heredia, por parte del fiscal Germán Juárez (foto, en el medio). Concluye
La crónica: "La Justicia, al menos en esa nación sudamericana, la podemos escribir con mayúsculas".
Pues resulta que no tanto. Humala y Heredia han sido acusados básicamente de "lavado de activos", al igual que el Partido Nacionalista Peruano (PNP), al que pertenecen ambos y que se quiere disolver, aunque, aún habiendo recibido dinero ilícito para una campaña (lo que en el Perú implica nada más una sanción administrativa), no delinquió y no está incluido en las figuras del Código Penal local. La figura jurídica de "partido político" no cuenta pero, además, no hay delito, por las mismas razones por las cuales podría no haberlo en el caso de Humala y Heredia.
Resulta en efecto que, de tratarse de "lavado de activos", Humala, ya siendo presidente, debió haber favorecido a Odebrecht en la licitación de obras públicas,
pero no fue el caso, a tal punto que la constructora brasileña veía con malos ojos al entonces presidente del Perú. ¿Para qué meter dinero en una campaña, lo que para colmo se habría hecho a petición del algo truculento Partido de los Trabajadores-PT de Brasil, si no es para recibir favores después? En otros casos, como (señaladamente) el del Partido Aprista Peruano (PAP), del finado Alan García, o en el de la ex alcaldesa de Lima (2010-2014), la capital peruana, Susana Villarán (para quien se pidió 36 meses de prisión preventiva),
la ruta del dinero sí existiría: "entra" y después "reaparece" bajo la forma de favores ("recompensas") para la empresa que sobornó, lo que no ocurre con Humala y Heredia, por lo que el aporte a la campaña no fue soborno. En otros términos, no habría ningún "lavado de activos" en el caso de los Humala. Por lo demás, sabiendo de diferencias "ideológicas", Odebrecht no quería donar a la campaña de Humala, según lo han reconocido Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, ex director de la constructora en el Perú (por lo que tuvo que intervenir un pedido del PT).
No estaría mal que, además, se le deje a la defensa hacer su papel: en realidad, la dizque "Justicia con mayúscula" peruana le deniega pruebas alegando que se terminó el plazo, pero en las mismas condiciones !el fiscal sigue admitiendo pruebas contra los acusados!
Ya se ha probado que los Humala y el PNP no recibieron dinero de Venezuela, como se quiso acusar en algún momento (aunque Juárez sigue con el tema...). Buscar disolver al PNP como si se hubiera "constituido para delinquir" a duras penas oculta lo que podría ser una persecución política. Y no está definitivamente probado que Humala haya "lavado activos", puesto que no dió contratos a Odebrecht (que más bien perdió varios con el mandatario nacionalista),
y no se puede hablar por lo tanto de soborno. ¿Por qué
La crónica, por ejemplo, hace las cosas de tal modo, hablando de soborno, que casi se confunda una acusación, que además bien podría carecer de fundamento, con una sentencia?¿A quién debe responder el poder judicial?¿Y a quién un periódico?
