El ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández podría ser extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Sería otra señal de que Estados Unidos no tiene mayor problema en congraciarse con la izquierda progresista latinoamericana, en este caso con la presidente hondureña Xiomara Castro. Esta mandataria no ha dudado en solicitar algo similar a lo que se hizo en Guatemala: poner bajo tutela de Naciones Unidas la lucha anticorrupción. Es síntoma de que, como por ejemplo en Haití, se está ante un Estado fallido. El asunto de la tutela de Naciones Unidas fue discutido en Honduras con el ministro de Defensa local y la jefe del Comando Sur estadounidense, Laura J. Richardson. Se trataría de hacer una CICIH a imagen y semejanza de la CICIG guatemalteca (Comisión Internacional contra la Impunidad).
Xiomara Castro recibió un país en bancarrota, con la inmensa mayoría de la población en la pobreza y buena parte en la miseria, metido hasta las cachas en el narcotráfico y con algunas de las ciudades más violentas del mundo, como San Pedro Sula (lugar 32). Estados Unidos se la pasó solapando a Hernández, hasta que le resultó inservible: la izquierda progresista internacionalmente tutelada sería la esperanza de que un desastre mayor no complique la cuestión social hondureña, más ahora que Estados Unidos perdió El Salvador y hay distancia con otro aliado tradicional, la misma Guatemala. En este país, el comportamiento de la CICIG llegó a ser dudoso. No queda claro cómo Xiomara Castro podrá cumplir con un programa progresista, por lo demás no ajeno a concesiones a la clase media y a los Demócratas, y encontrarse al mismo tiempo bajo la tutela estadounidense.
No es seguro que se trate nada más, por parte de Washington, capital estadounidense, de reducir el flujo de migrantes de Honduras hacia Estados Unidos. Parte de este flujo no fue nunca inocente, sino orquestado por gente cercana al magnate húngaro-estadounidense George Soros para crear problemas con las "caravanas" en tiempos del mandatario estadounidense Donald J. Trump y meter de paso en líos a México. Se trataba de que estas corrientes migratorias alcanzaran resonancia. En cambio, muchos haitianos pueden intentar rutas similares sin que se les preste mayor atención.
El hecho es que Estados Unidos ha venido manejándose con un "semáforo alternativo" para América Latina: la alianza con la oligarquía transnacionalizada, que a estas alturas no tiene mucho qué ofrecer más que terminar de rematar países, o con clases medias cooptándolas de tal manera que no se radicalicen. En ambos casos, habría que estar conscientes de ello, las posibilidades de ahorrarse la quiebra del Estado no son muchas.
Entre violencia e indiferencia desbordadas, cabe señalar que San Salvador, capital salvadoreña, no aparece entre las 50 ciudades más violentas del mundo. Ahora aparece Puerto Príncipe, capital de Haití en buena medida tomada por pandillas (lugar 36), a lo que hay que añadir 17 ciudades mexicanas, varias de ellas a la cabeza del listado, departiendo con algunos ghettos estadounidenses, ciudades sudafricanas y varias brasileñas y colombianas. Las últimas administraciones ecuatorianas, si a éso llegan, lograron colar a Guayaquil en la lista (lugar 50). Caracas, capital venezolana, ya no está en la lista. América Latina debería ser más precavida: no nada más por la violencia mencionada, sino también, en varios casos, por la imposibilidad de crear un mínimo estado de Derecho, como si no hubiera relación entre éste y la inseguridad generalizada. Ninguno de estos problemas son de la incumbencia de los autodenominados "demócratas liberales", salvo si se puede culpar del estado de cosas a un gobierno progresista (y es un hecho que con este tipo de gobierno no se atiende debidamente el problema de la inseguridad). Probablemente haya bastante qué buscar del lado de Estados Unidos, cuyas ciudades en desgracia suelen tener autoridades Demócratas.
Algo de Honduras (da click en el botón de reproducción):
