Las buenas noticias se notan poco, porque nada constructivo vende cuando se trata de consumir. Pero existen.
En la mayor parte de América Latina, la ley no existe y no hay estado de Derecho. Hay casos graves, como el de Haití, Estado fallido que importa muy poco: un presidente como Jovenel Moise puede ser asesinado sin que se finquen responsabilidades a los culpables, que más bien se amanecen al frente de un supuesto "gobierno". Desde la presidencia de Lenín Moreno, el estado de Derecho se desplomó en el Ecuador y este país es una fábrica de culpables de la que salen impunes, contra lo que marcan las leyes ecuatorianas, desde el mismo Moreno hasta el actual mandatario Guillermo Lasso. No estaría de más hacer notar el uso de la ley en el Perú: ha servido para que nadie pueda gobernar en paz y para hacerle la vida imposible al actual presidente Pedro Castillo, que no muchos en el progresismo se encargan de defender, dado que no es parte del "grupo" -y ni así, como lo demuestra en el Ecuador el caso del ex vicepresidente Jorge Glas, quien como Rafael Correa está pagando el simple hecho de hablar con franqueza. Desde luego, Brasil mostró que la ley no es la mayor de sus preocupaciones, luego de la forma en que fue destituida la presidente Dilma Rousseff, "instituido" Michel Temer y temporalmente encarcelado el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La ley contó muy poco en Colombia al fabricarle un caso al extinto líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, "Jesús Santrich". Nada de lo enumerado preocupa a los "demócratas liberales" tan atentos a los Derechos Humanos en Nicaragua y Cuba, y hasta ahí. Por lo demás, no queda claro desde dónde se habla: México es el país menos autorizado para presumir de leyes, incluso con el "juarista" mandatario Andrés Manuel López Obrador, cuando no hay estado de Derecho.
Cuando se hace lo que corresponde, como perseguir a pandilleros y ser férreo con ellos, que son homicidas, resulta que hay "autoritarismo", acusación que ha recaído sobre el presidente Nayib Bukele, de El Salvador. Tal vez pocos hayan puesto atención a los cambios legales positivos que se han dado en Cuba, incluyendo el Código de las Familias. Pues bien, más de uno, fuera del folclore a favor o en contra del hoy ex presidente Evo Morales, debe haberse quedado en los tiempos en que Bolivia compartía con Haití y Honduras el poco honroso lugar entre los países más pobres de América Latina. El actual presidente boliviano, Luis Arce, ha tenido a bien no andarse en la gran retórica y declarar el año 2022 año de la reforma judicial, porque ha reconocido que el aparato de justicia en Bolivia no funciona, lo que le permitió por lo demás a Morales buscar indebidamente la reelección.
Antes que reformar la Constitución, el gobierno de Arce parece haber privilegiado el afianzamiento del debido proceso. Una de las tareas es regularizar a los jueces (electos por voto popular), ya que cerca de la mitad son transitorios, lo que implica la debilidad de la carrera judicial. La idea es que para diciembre el 100 % esté institucionalizado. Más allá de ésto, la Justicia debe ser en verdad independiente: no puede un día servir a Morales permitiéndole una reelección inconstitucional y al día siguiente aplaudirle a la hoy encarcelada Jeanine Añez una autoproclamación presidencial igualmente ilegal. No es de extrañar que un sistema judicial así sea corrupto.
Lejos del uso personal y faccioso, que se entiende como "político", Arce considera que la justicia debe ser un derecho y un servicio público. Para el mandatario boliviano, es tan importante como el acceso a la salud y la educación. Este camino a la profesionalización, a reserva de lo que resulte, es parte de una política gubernamental que reserva el gobierno a gente con mérito en el saber y capacidad de consulta y la "dirección" ideológica a los movimientos sociales, pero separando ambos campos, incluso si hay quienes no lo comprenden y creen que ser "luchador social" da derechos a cargos públicos. El luchador social, como Evo Morales, tiene un campo específico de acción y, de ser posible, de organización, para persuadir y convencer y formar política e ideológicamente, pero ésto no lo convierte en médico, economista, pedagogo, etcétera, porque los campos y formas de saber son distintos. No es cuestión de que Arce sea "moderado" ni nada por el estilo: es cuestión de que pilotear un avión no es tarea que deba dejársele a un activista o a un militante como premio a "su santidad". En este mismo orden de cosas, la justicia como servicio público implica, se entiende, saber de leyes y no ser "el compadre de...". No es sencillo de asimilar para parte de los movimientos sociales, pero el otorgamiento de recompensas a la "santurronería" en nombre de "la causa" se paga caro, y ya debiera estar claro que lo paga, en primera instancia, el pueblo. Lo anterior no impide tener buenos líderes y organizadores -sindicales, entre otras cosas- como Evo Morales, porque es desde abajo que se impulsa el cambio verdadero. Algunos países de América Latina buscan su propio camino sin mucho ruido (da click en el botón de reproducción)
