No está de más recordar cómo, antes de ser llevado a cometer un error garrafal que le costó el puesto, el presidente peruano Pedro Castillo fue orillado a ir dejando sus posiciones para irse acomodando cada vez más al "centro". Luego de la caída de Castillo, el espontaneísmo popular de protesta no pudo mantenerse, y no nada más por la represión de la presidente peruana Dina Boluarte, que al parecer no tiene mayor prisa en irse ni en convocar a elecciones.
No es ningún asunto de "pesos y contrapesos" efectivos, sino de que, después de hacerle imposible la vida a Castillo, el fujimorismo y sus aliados en el Congreso, no sin respaldo estadounidense, por lo demás, se han ido apoderando de distintas instancias del gobierno. Se ha tratado de capturar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para terminar de controlar los poderes del Estado y los organismos autónomos constitucionales. Si lo hace el presidente Nayib Bukele en El Salvador o lo intenta el mandatario Andrés Manuel López Obrador en México, los "demócratas liberales" pegan de alaridos. Si es en Perú el fujimorismo y aliados (Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Somos Perú), la cosa cambia y avanza sin que nadie chiste. Pareciera que Boluarte está a las órdenes de Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori y varias veces candidata a la presidencia peruana, sin que tampoco importen los antecedentes delictivos de la familia Fujimori, que no son pocos. Parece cada vez más un asunto de clase, pero que tiene extraviada a la izquierda, luego de haber renunciado a la historia propia.
La derecha no tolera mayormente ninguna concesión a los de abajo, salvo si se trata de ciertas medidas de ayuda social que permitan relanzar ocasionalmente el consumo, para beneficio de la iniciativa privada. Dicho sea de paso, la persecución contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia ya no tiene bases sólidas: los "testimonios" de Odebrecht en Brasil han quedado sin valor (la Corte Suprema de Brasil invalidó las pruebas y anuló la autorización para declarar en el Perú), y Marcelo Odebrecht no se presentó al juicio por lavado contra Humala. Seguir contra el ex mandatario no es más que "paralizarlo" políticamente e insistir en desacreditarlo. Es algo similar a lo que se intentó contra quien fuera vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas. Tampoco parece que a los "demócratas liberales" les importe en especial -o en algo- el uso de la Justicia para fabricar culpables, en lo que, según se ha dicho aquí, no es tanto una "judicialización de la política" como una "politización de la Justicia", a la que no son ajenos los medios de comunicación masiva. El progresismo latinoamericano calló en el caso de Humala, pero también ante todas las fabricaciones en pleno libertinaje contra Castillo, lo que supone el uso de la ley para delinquir. Los "demócratas liberales" no se apersonan a dar grandes lecciones de moral más que cuando el clasismo lo amerita. Para ponerse un poco más a la huachafería (da click en el botón de reproducción).
