México es, junto con Uruguay, uno de los países de América Latina que le puso un límite a la Iglesia desde el siglo XIX. En México sucedió con el juarismo. Con este antecedente, la Constitución mexicana refrendó en 1917 la separación entre la Iglesia y el Estado.
Se retrocedió desde que, con el gobierno de José López Portillo (1976-1982), se autorizó la visita del Papa Juan Pablo II a México. Más adelante, siendo presidente de México el seductor de la patria, se modificaron leyes en relación con la Iglesia, para mayor laxitud, y se restablecieron relaciones con El Vaticano. Ya se había propagado la creencia en un pueblo mexicano "de gran fervor religioso", aunque no fuera así, salvo en ciertas regiones, como el Bajío en particular. Buena parte de la gente en México tiende a ser creyente, pero de ninguna manera fervorosa y mucho menos fanática. En un artículo reproducido hace algún tiempo en el periódico Reforma, el ensayista Enrique Krauze afirmó que de nada había servido la campaña contra la Iglesia en los años de Tomás Garrido Canabal en Tabasco, aunque resulta que esta entidad federativa, además de tener un buen número de protestantes, tiene una tasa muy alta de uniones libres, lo que indica que no es un estado especialmente religioso. Es cuestión de historia, no de "ser" del tabasqueño, de ninguna manera excesivo en sus devociones.
Pese a lo refprmado, la Constitución mexicana sigue estableciendo que ninguna Iglesia puede criticar a las instituciones del país. Como la relación es más laxa desde hace rato, Samuel Ruiz en Chiapas practicó el "dejar hacer, dejar pasar" con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas. Al rato, en Saltillo (Coahuila), Raúl Vera cobijó al movimiento #YoSoy132, y Alejandro Solalinde se inmiscuyó en Ayotzinapa. Durante la época del PRI (Partido Revolucionario Institucional), competía sin mucho éxito un partido apenas disimuladamente religioso, el Partido Demócrata Mexicano (PDM), de origen sinarquista. En las elecciones de 2018 se inmiscuyó otro, el Partido Encuentro Social (PES), pero desapareció.
Recientemente, como encabezó el periódico El Independiente, "los candidatos comulgaron en el confesionario de la Iglesia" Se trató de un acto anticonstitucional, porque fue una reunión política y pública -con la participación de los tres candidatos a la presidencia mexicana- en la firma de un acuerdo, el Compromiso Nacional por la Paz, que criticó a instituciones del país en 117 iniciativas, por ejemplo el aparato Judicial, el Sistema Nacional de Seguridad Pública o los gobiernos municipales, en particular con sus policías, para sugerir, por si fuera poco, el retiro paulatino de los militares", pese a que la Guardia Nacional está respaldada por la ley. La Constitución prohíbe en el artículo 130 a los ministros (de culto) "(...) en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa (...) oponerse a las leyes del país o a sus instituciones" y "desviar de tal manera los fines de las asociaciones que éstas pierdan o menoscaben gravemente su naturaleza religiosa" (Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, Artículo 29 VIII) , Dicho de otra manera, un religioso puede predicar que Dios no quiere violencia o que ama a los jóvenes y los llama a no tomar el camino del mal, o predicar que los Mandamientos ordenan no matar o hacer el bien al prójimo en vez de venderle cocaína. Otros pueden ofrecer encontrar la gracia, el éxito o la predestinación gracias a un negocio lícito y condenar el que no lo es, de la misma manera en que algunos más pueden sugerir seguir un camino espiritual y no material cambiando el Triángulo Dorado (Sinaloa, Durango, Chihuahua) por excursiones al Himalaya o sesiones de ayuno. El que lo prefiera que arme una sesión espiritista y consulte con algún antepasado fallecido qué hacer si el hijo está tentado por las adicciones. No se resuelve gran cosa colocándose en plan de otra facción, la del Papa Francisco. Simplemente, ocurre que ya ni siquiera se nota el carácter anticonstitucional de la iniciativa de la Conferencia del Episcopado Mexicano. No se saben la Constitución ninguno de los tres candidatos que fueron a firmar el famoso Compromiso y, para más señas, el problema, ante todo, no es con la religión, sino con la inobservancia del estado de derecho, aunque quepa reprobar que la Iglesia quiera regresar por sus fueros. Hace rato, desde el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que la Iglesia negocia con el crimen organizado como si aquélla fuera un Estado.
Estamos en lo mismo: en nombre de "los derechos y las libertades" y del "prohibido prohibir", la libertad es la de que intervengan grandes poderes donde no pueden apersonarse por ser particulares: el credo religioso es asunto privado de cada quien, pero, mientras vuelven dichos poderes (con demagogias galopantes como la del Papa Francisco), los libertarios son los primeros en creerse que es cosa del "pueblo" el "fervor religioso" y "guadalupano" (lo que en México es falso), Es el punto de partida para integrar el negocio en la esfera pública, puesto que nadie puede negarse al Episcopado porque supondría perder rating y potenciales votos. La norma, en el sentido de "lo" que decide qué es normal y qué no, está -!mil gracias a los medios de comunicación!- por encima de la ley, por lo que lo descrito se ve como "normal". ¿Hay que salir a votar o encomendarse a Dios o, lo que no está excluido, hacer ambas cosas a la vez, porque se vive sin ley? ¿Y a merced de grandes poderes -como el que estará viniendo con el nearshoring para traernos "la bendición de la inversión extranjera"?(da click en el botón de reproducción: así se fué nuestro gran nahual Kolia).
