Quien haya conocido tiempos dizque "gloriosos" del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México (se recuerdan los del presidente Luis Echeverría, pero mucho menos los muy corruptos aunque al parecer intocables del mandatario José López Portillo entre 1976 y 1982) seguramente tenga en mente los procederes de la policía judicial: por ejemplo, llegar una media hora tarde a un banco asaltado, con los ladrones ya lejos, para agarrar a alguno que otro transeúnte del rumbo como "culpable". En otra dimensión, está retratado en la película Presunto culpable (2011). Alguien que no tiene absolutamente nada que ver es agarrado en la calle para ser presentado como culpable de un homicidio del que ni estaba al tanto. La práctica de agarrar "indios" (inocentes) para hacer un "castigo ejemplar" se remonta hasta la Colonia y se encuentra en Crónicas de Indias. La otra es la de "sembrarle" un delito a alguien: colocarle por ejemplo estupefacientes sin que se de cuenta para luego "encontrárselos" y extorsionarlo. Se puede sembrar de todo jugando sobre la necesidad y el miedo: sembrar falsos testigos, por ejemplo. Más si en México no existe la presunción de inocencia en el trato interpersonal: todos hemos pecado o tenemos cola que nos pisen...
En estos días, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, habló de buscar con la Secretaría de Gobernación (Segob) una fórmula para que sea liberado Israel Vallarta, con 15 años de cárcel por un delito que no cometió, el de secuestro. No queda claro por qué hay que promover un incidente de "desvanecimiento de pruebas", dado que el expediente es tal cúmulo de contradicciones e inverosimilitudes que el lugar en la cárcel deberían ocuparlo todos los que por X o Y motivo se prestaron. Es el mismo caso, cabe recordarlo, de la francesa (algo repetido hasta el cansancio en un país xenófobo con los extranjeros "débiles" y malinchista con los extranjeros "fuertes") Florence Cassez, alguna vez novia de Vallarta, y quien obtuvo su libertad -no su inocencia, lo que es grave- en 2013.
Siempre se supo, por el mismo expediente y por investigaciones periodísticas minuciosas (en particular de Emmanuelle Steels y de Anne Vigna) quiénes eran los secuestradores del caso: José Fernando y Marco Antonio Rueda Cacho, y su primo Edgar Rueda Parra. Si las pistas conducían hacia ellos, a partir de cierto momento curiosamente se desvanecen y no son molestados. Después de todo, son protegidos de la policía, para ese entonces la Agencia Federal de Investigación (AFI) y tienen, como algunos testigos sembrados, la posibilidad de largarse a Estados Unidos.
La detención de Cassez y Vallarta fue otra cosa: un capricho y pedido de Eduardo Margolis Sobol, empresario y persona ligada al Mossad israelí (servicio secreto), a Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, en venganza por un asunto de negocios perdido ante Sébastien, hermano de Florence Cassez, y a quien ayudó Vallarta. Nadie molestó a Margolis. El ingeniero mecánico García Luna, de origen pobre, acomplejado, quien creció como informante de policías judiciales, cayó en Estados Unidos por otra cosa, sin demasiado escándalo tampoco en México: colaboraba muy, pero muy alegremente durante el sexenio de Felipe Calderón, si no es que desde el de Vicente Fox (ambos de Acción Nacional, de derecha) con un gran cártel de la droga, el de Sinaloa, o con dos (también el de los Beltrán Leyva). Bastaba con leer el trabajo periodístico de Anabel Hernández. Sorprende la cantidad de periodistas que acusaron a Cassez, y luego a Vallarta, sin meter jamás sus narices en el expediente ni en los informes serios y detallados del caso. Simplemente, García Luna se prestó a la venganza de Margolis a cambio de que le permitieran, usando a Cassez y Vallarta, un montaje que demostrara la supuesta eficacia de la AFI en la lucha antisecuestros. Pese a los reportajes de Anabel Hernández, García Luna permaneció fuera de toda sospecha, incluso para quien fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera. Es más, el mismo López Obrador confesó no haberse dado cuenta de que México operaba como un narcoestado, algo que por lo demás se remonta a los sexenios de López Portillo y Miguel de la Madrid. El problema no parece nada más de injusticia e impunidad: parece de sordera y ceguera.
En hundir a Cassez, en particular, intervino Isabel Miranda de Wallace. Esta persona, amiga de García Luna, aprendió muy bien lo que Steels llama "el teatro del engaño", típico de países latinoamericanos. Consiguió que fueran a la cárcel, torturándolas, varias personas -entre ellas Brenda Quevedo Cruz- acusadas del asesinato de su hijo (Hugo Alberto Wallace), sin que el hecho haya existido, a reserva de que después el "muerto" haya vivido por un tiempo indeterminable (tenía problemas con la justicia por contrabando y narcotráfico, según testificó su novia Vanessa Bárcenas). Dos años después de muerto, Hugo Alberto todavía hacía llamadas. Con diferencias, los trabajos periodísticos de Anabel Hernández, Ricardo Raphael y Guadalupe Lizárraga ( pese a sus desavenencias) han acreditado las mentiras de la señora Isabel Miranda de Wallace, quien fuera candidata de Acción Nacional a la jefatura del Distrito Federal (ahora Ciudad de México). Contra lo que dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero (quien ya echada a andar le colgó dos secuestros inexistentes más a Vallarta), sí se abrió en la Procuraduría (Fiscalía) General de la República un caso contra la señora: hasta ahora, consiguió salir del agua sin mojarse, al declararse el “ no ejercicio de la acción penal”,y por cierto que también fue inexplicablemente defendida por una horda que incluyó a Mancera. Para colmo, López Obrador declaró, al hablar de Brenda Quevedo: "no es nada contra la señora" (Miranda de Wallace). Naciones Unidas, a través de su Grupo contra La Detención Arbitraria, recomendó en efecto que Brenda Quevedo fuera liberada. Increíblemente, Quevedo tuvo que comenzar 2021 tramitando un amparo por el incumplimiento de la resolución de Naciones Unidas. Ni el fiscal general mexicano, Alejandro Gertz Manero, ni Sánchez Cordero parecen haberse interesado demasiado en este caso que tiene a varios inocentes en la cárcel desde hace años.
Queda un "detalle". El periodista Carlos Loret de Mola se disculpó ante la opinión pública por no saber que García Luna había hecho un montaje sobre la supuesta liberación de gente "secuestrada" por Cassez y Vallarta. Loret mintió y lleva 15 años haciéndolo: durante toda la transmisión el 9 de diciembre de 2005, la periodista Laura Barranco le estuvo advirtiendo en 13 ocasiones-hay constancia de ésto- que era un montaje y que la transmisión debía detenerse, amén de que se estaba involucrando a una ciudadana francesa (Cassez), todo violando la presunción de inocencia. "No me di cuenta que era un montaje", adujo Loret de Mola. De manera increíblemente equivocada -otra vez- por parte del gobierno actual, Barranco no pudo dar su testimonio en la conferencia de prensa matutina ("Mañanera") de López Obrador. En el programa de Loret de Mola que transmitió el montaje de García Luna, participó la pareja de aquél, Azucena Pimentel, productora de Televisa en 2005. Es parte del equipo del actual vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas. López Obrador aseguró que será investigada. En realidad, era la oportunidad para acabar con la carrera de Loret de Mola, como lo sugirió Barranco, en la medida en que aquél no para de mentir -es un "mentiroso consagrado", al decir de Barranco- y lo hizo delante de autoridades judiciales, sin ser objeto de sanción, como lo hizo notar Vallarta.Para Barranco, Loret de Mola debería estar vetado "de por vida" en "todo lo que tenga que ver con difusión de la información". Pero no es seguro que lo competente y eficaz sea el signo del actual gobierno de México. Ya ha sido dicho, "toca de oídas", salvo excepciones, por lo que de vez en cuando es afinado y con frecuencia desafina. Hasta ahora, aunque aún quede por ver, los delincuentes -mentirle a una autoridad judicial es delito-, como Miranda de Wallace y Loret de Mola, pueden incluso dictarle al gobierno lo que tiene qué hacer, mientras no se mueve demasiado para devolverles algo de vida a inocentes y por lo demás reiteradamente torturados. No: encima hay que buscar argucias leguleyas. Da la impresión, por lo demás, de que en el país de la oralidad ni los jueces se meten a leer los expedientes.Todo es al "dicen por ahí..."... (Foto: el inge algo distraído).
