Los argumentos de que se resolvió el caso Colosio en México no son suficientes. Tampoco funciona seguir, para variar, la vox populi creyendo que es la vox Dei: no es seguro que el autor intelectual del asesinato del candidato del PRI (Partido Revolucionario Institucional) a la presidencia, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en 1994, haya sido el ser que todos querían antes de convertirlo en villano favorito, Carlos Salinas de Gortari, pese a que sus declaraciones se contradicen con las del ex presidente Luis Echeverría. Es igualmente falso que este tipo de crímenes quede sin aclarar: se aclaró por ejemplo el de Álvaro Obregón, lo que está en un libro preciso de un investigador universitario mexicano, como está aclarado también, con todos los detalles, el de John F. Kennedy. Cuando se trata de un crimen de Estado, lo que no puede esperarse es que salga un funcionario del Estado a confesarlo (el de Obregón no fue de Estado ni lo que ha argumentado Francisco Martín Moreno en el libro México acribillado). Dicho sea de paso, como lo ha hecho notar el muy buen analista Carlos Ramírez en El Independiente, así no sea necesario coincidir siempre en todo con él, las declaraciones de presuntos involucrados de las altas esferas políticas no fueron objeto de ninguna indagación: fueron meros testimonios y no se investigaron las contradicciones en las que incurrieron. Está una entre Salinas de Gortari y Echeverría, pero llama sobre todo la atención, porque hay mentiras que pueden ser probadas, las de José María Córdoba Montoya. En su día, quienes desde el periódico (hoy desaparecido) Uno más Uno aportaron indicios sobre Córdoba -que también tenía Cuauhtémoc Cárdenas- fueron amenazados de muerte. Aquí tuvimos otros indicios de que Colosio Murrieta sabía quién era Córdoba, y, como se ha escrito en otra parte, Jorge G. Castañeda acusó a esta persona de trabajar para Brent Scowcroft, de la seguridad estadounidense. Dado el puesto de Córdoba Montoya, algo así como chief of staff en el gobierno de Salinas de Gortari, éste se encontraba así de alguna manera bajo supervisión estadounidense. Como se ha escrito igualmente en otra parte, el Comité de Santa Fe, un grupo de think thanks estadounidense, venía sugiriendo apartar al PRI del gobierno, habida cuenta de su herencia nacionalista, aunque estaba siendo liquidada -lo fue con la firma del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte)-, al igual que la herencia de la Revolución Mexicana, desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), sobre todo. Hoy queda poco del nacionalismo mexicano y menos de la Revolución de 1910. No es que Colosio Murrieta fuera un santo, un héroe o que deba ser convertido en mártir: creía -casi hasta el final- en lo hecho por Salinas, pero quería emprender una reforma del Estado sin que el PRI -al que había levantado con eficacia a principios de los '90- perdiera el poder. Es el único, con el tabasqueño Carlos Madrazo, que buscó no un cambio radical, pero sí una reforma importante desde adentro. Madrazo perdió la vida en un crimen de Estado. Por su parte, Colosio Murrieta había expresado su voluntad de desplazar no nada más a Córdoba, sino al grupo tecnócrata -sintetizado en Córdoba y Ernesto Zedillo- que, metido en el aparato gubernamental desde tiempo atrás, por lo menos desde De la Madrid, estaba en contra de cualquier resabio soberano y de herencia revolucionaria. Fue por lo demás con De la Madrid que, como lo mostrara Gregorio Ortega (el libro Crimen de Estado), se pactó en las altas esferas gubernamentales con el narcotráfico.
Como lo ha escrito Carlos Ramírez en El independiente, los fiscales del caso Colosio "operaron como meros mecanógrafos de Ministerio Público rural". Hubiera sido mejor que el primero, Miguel Montes, que era de confianza de Diana Laura Riojas (la esposa y luego viuda de Colosio) se acogiera a la posibilidad de renunciar antes que dar un giro del "complot" al "asesino solitario", lo que, muy curiosamente, ya era la tesis del procurador Diego Valadés a los minutos de fallecido Colosio Murrieta. Como lo señalara Alejandro Tomasini Bassols en una pequeña nota localizable en la Web (tratándose de un investigador universitario), se trató de remplazar lo verdadero por lo creíble. Dicho sea de paso, algunos libros sobre los hechos (en particular, uno de Marco Rascón, pero sin que fuera el único) quedaron subrepticiamente fuera de circulación, como lo mostró también Gregorio Ortega (al menos sobre el de Rascón). Luego del "giro" de Montes, y dejando de lado el espectáculo montado por Pablo Chapa, Olga Islas dejó abiertas varias líneas de investigación, muy definidas: una de ellas, sobre Jorge Antonio Sánchez Ortega, el agente del CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional). Como lo señalara Tomasini Bassols (la demostración está en el texto "De falacias y errores"), el último fiscal, Luis Raúl González Pérez, dejó increíblemente absuelto a Sánchez Ortega, contra la lógica. Como quien lo fue a sacar de apuros en Tijuana, lugar del crimen, Genaro García Luna, Sánchez Ortega prosiguió su carrera en el aparato de seguridad mexicano. Para 1994, García Luna, si bien joven (aunque habría sido reclutado desde sus tiempos de estudio para ingeniero mecánico), ya trabajaba (y tenía entrenamiento internacional) en labores no menores de espionaje político. Sánchez Ortega trabajó en algo similar. Eran, por lo tanto, espías y agentes en asuntos que el Estado consideraba a la vez de Seguridad Nacional y políticos. En este sentido, el crimen de Colosio pudo haber sido calculado como asunto de Seguridad Nacional y político. La FGR (Fiscalía General de la República) ha difundido que Sánchez Ortega fue el segundo tirador contra Colosio y aportado pruebas. Por lo demás, fue el supuesto "asesino solitario", Mario Aburto, quien solicitó que sea investigado Sánchez Ortega. Es probable que Aburto no sea inocente, a reserva de clarificar su papel en el asesinato de Colosio Murrieta. Ni siquiera la periodista Laura Sánchez Ley, que indagó en el tema por años y escribió un libro sobre Aburto, tiene la certeza de que éste sea inocente. A su vez, la familia de Aburto, partiendo de que éste conocía desde antes del crimen a varios de los presuntos implicados, incluido Sánchez Ortega, ha sugerido que Aburto fue "sembrado" en el lugar de los hechos.
Hijo del asesinado, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, pidió el indulto para Aburto, pero lo negó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Colosio Riojas creyó que el tema se estaba "politizando" y "manoseando" al ser tratado en la conferencia matutina del actual presidente, pero pidió que la FGR prosiga. Si es asunto de Estado, como lo sostiene López Obrador, también es político y fue "manoseado" por fiscales anteriores, notoriamente Montes y González Pérez. Se trata de algo de interés público que está por encima de la familia Colosio Riojas, y que AMLO ya había tocado antes, lejos de la actual campaña y sucesión. De lo contrario, cualquier cosa que se diga en este momento -por ejemplo, como lo hace Anabel Hernández- puede ser tomada como "politización", al igual que el intento por hacer un escándalo con Gonzalo Bobby (?) López Beltrán. En rigor, el problema está en que el aparato Judicial mexicano no puede ser tan increíblemente desaseado como casi siempre lo es, aunque el fiscal Gertz Manero esté lejos de ser lo mejor y siga en grande la impunidad. No es que no haya elementos para saber qué ocurrió con Colosio Murrieta (por cierto que también Laura Sánchez Ley mostró el expediente de Sánchez Ortega y lo increíble de que no haya sido investigado a fondo). Queda por saber si la FGR querrá o podrá ir más lejos ante el hábito de impunidad.
La pregunta básica, en caso de crimen, siempre ha sido: ¿quién se beneficia? Es algo que ya tiene respuesta. Por encima de un partido o un gobierno, México tiene establecidas "reglas del sistema", lo que ha hecho que Salinas y Enrique Peña Nieto -quien las cumplió puntualmente en la transmisión de mando en 2018 -las hayan observado, como Luis Echeverría, fallecido hace no mucho. Los ex presidentes del derechista PAN (Partido de Acción Nacional) las ignoran, pero hay uno más: Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de 1994 a 2000, candidato de José María Córdoba impuesto por "videodedazo" de Manlio Fabio Beltrones en 1994 (Beltrones, llamado a declarar, no fue indagado sobre este "videodedazo"), y que, según el ex candidato Francisco Labastida Ochoa, se encargó de contribuir a la derrota del PRI. Si se va a seguir operando como si de lo que se tratara fuera de esquivar la verdad y la realidad y de montar una ficción -un relato, una narrativa- verosímil (vero-símil), creíble, para el hábito de "marear el punto", sería deseable entonces declarar -no faltan intelectuales que lo hagan- que la verdad es inalcanzable, y que el derecho es puramente arbitrario y subjetivo. La consecuencia será, eso sí, que se siga viviendo sin contar con lo que prometía Colosio Murrieta: que cada uno supiera que la ley estaba de su lado (da click en el botón de reproducción).
