OLLANTA: ¿MUERTE CIVIL EN EL PERU?

El presidente peruano, Ollanta Humala, está promoviendo una medida importante para luchar contra la corrupción en el Estado. Tocará a los legisladores decidir.
    La propuesta consiste en dar "muerte civil" a funcionarios involucrados en casos de corrupción (como pueden serlo inflar costos de operaciones públicas, percibir comisiones ilícitas, hacer licitaciones sin transparencia, etcétera...). Con esa "muerte civil", el ex funcionario no podría volver a ocupar un cargo hasta que no haya pagado lo debido al Estado (por concepto de "reparación civil" e "indeminización de daños"). Podría crearse así la idea de que el Estado no es simplemente un presupuesto familiar puesto a disposición de quien quiera saquearlo y sepa "servirse".
    La "muerte civil" llegaría hasta la inhabilitación perpetua y los ex funcionarios no podrían participar en diversos actos jurídicos (contraer deudas, firmar documentos y contratos, etcétera...) hasta en tanto no se haya finiquitado el adeudo al Estado. Adicionalmente, el delito de corrupción entre los funcionarios sería imprescriptible.
    Ollanta Humala ha dicho que quiere un Perú "decente, digno y sin impunidad", y de hecho, en los últimos dos años se han hecho más de 500 investigaciones por delitos de corrupción, según informa recientemente La Voz de Rusia en su portal digital. Huelga decir que este tipo de iniciativas anticorrupción es mucho más de avanzada que el reparto populista en México, Brasil y Argentina, que redistribuye recursos pero no consigue una verdadera modernización del Estado (aunque la situación en México tiene motivos distintos a los otros dos países), ni la creación de una función pública digna de este nombre.