Como lo prueba el caso de Genaro García Luna, antiguo encargado de Seguridad hoy preso en Estados Unidos, es posible que la seguridad esté en manos de delincuentes. Y no es algo que tranquilice. También es posible que la aplicación de la ley esté en manos de delincuentes, y que se fabrique culpables. Parte del problema, en un caso como el de México, es que hay tal cantidad de leyes generales, y secundarias, y códigos, y reglamentos, y protocolos, etcétera, que siempre puede haber resquicio para, nótese bien, servirse de la ley para cometer injusticias. Es por este motivo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo alguna vez que la justicia está por encima de la ley. Lo dice la propia Constitución: la solución del conflicto de fondo está por encima de formalismos procedimentales (Artículo 17). No se ha puesto en tela de juicio la "cosa juzgada", sino la "cosa juzgada" fraudulenta, a sabiendas de que el aparato judicial mexicano está lleno de mañas.
Hasta las reformas de 2008-2011, se podía pasar por un proceso legal incluso sin ver nunca al juez. Hasta la creación del "divorcio express", la ley indicaba pagar pensión alimenticia por el tiempo que había durado el matrimonio: así, más se alargaba éste, más pensión había que pagar, por ejemplo, y bastaba entonces con que el juez negara el divorcio, para lo que algún abogado influía o pagaba una "módica suma". No era tan inusual que este tipo de cosas se lograran con un fraude procesal tras otro, y simplemente, sin que tal vez lo supiera el juez, influyendo sobre la secretaria de acuerdos o, como se dice, por esa "módica suma", considerada algo desafortunado, por normal (con el clásico "no hay de otra"). El fraude procesal contraviene la ley y, en particular, en México se advierte ante una declaración de las consecuencias de mentirle a la autoridad. Pero se le miente y, de formalismo en formalismo, se puede fabricar todo un proceso y un expediente repleto de mentiras -por corrupción- que desemboca en una sentencia legal basada en una colección de ilícitos. Ay de que se llegue en estas condiciones a una "cosa juzgada" casi imposible de revertir: es una lápida de ilícitos con apariencia legal. Es sorprendente cómo, incluso, autoridades de la universidad pública se dedican a inventar ilegalmente en casos laborales siéndoles permitidas las declaraciones descaradamente falsas. En suma, esto supone algo sabido: que no hay igualdad ante la ley, sino que en más de una ocasión se trata de ganar por la fuerza del influyentismo y el dinero. ¿O no había hablado Luis Donaldo Colosio, en 1994, como candidato del PRI (Partido Revolucionario Institucional), de "las distorsiones que imponen a la ley quienes debieran de servirla"?
El expediente de Florence Cassez, como el de Israel Vallarta, fueron un cúmulo de actos ilícitos protegidos desde el poder, al igual que los casos de la extinta señora Isabel Miranda de Wallace, incluyendo testigos falsos, y por más que se exhibiera la falsedad y hubiera contradicciones flagrantes en las declaraciones. Era más cuestión de "influencias", de antesala de juzgado en juzgado y hasta de presión mediática Pura fabricación de culpables, y con más de alguno rematando con cosas extrañas, como el antiguo fiscal Alejandro Gertz Manero volviendo -a propósito de Vallarta- sobre "las víctimas"...de un secuestrador inexistente, o de Adán Augusto López Hernández, cuando secretario de Gobernación, declarando sin saber sobre un muy supuesto "caso extra" del mismo Vallarta. Cassez salió libre, pero no fue declarada inocente. Los periodistas Hernán Gómez Bruera y J.J. Lemus (pese a su probable error sobre el caso Colosio) han demostrado lo que era hasta hace poco el aparato judicial en México y lo que llegan a ser los abogados que pululan alrededor de él. ¿Justicia autónoma o independiente, de quién?¿Del dinero y/o la delincuencia? El mismo caso de Mario Aburto, el "llanero solitito" (como si fuera obra de Los Chidos del CLETA), es una maraña de enredos hecha justamente para enredar, por más que Aburto no diga todo. ¿Qué valen, como en Aburto o en Vallarta, declaraciones conseguidas bajo tortura, y hoy Constitucionalmente ilícitas? Una "cosa juzgada", en condiciones de un expediente con fraudes procesales o ilícitos, es, como ya se ha dicho, el delincuente que cierra bajo doble llave a un inocente para que aquél se asegure la impunidad, a costa de quebrarle la vida a alguien, con tal de que uno tras otro hayan "quedado bien" con "el poder", por algún tipo de privilegio a tener o conservar, y por lo demás temido. Se trata de contubernios. Y se haría justicia si hay modo de reabrir o nulificar el caso por fraudes procesales, ilícitos y contubernios o acuerdos indebidos en un expediente. Salvo que se niegue que la ley ha llegado a usarse para garantizar formalmente injusticias. Es inaudito que expedientes llenos de ilícitos sean dados por buenos, o que haya que recurrir a algún otro formalismo para tratar de "salvar el caso", en el estilo de la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, o incluso de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, no exento de tráficos en el aparato judicial, según demostrado por Gómez Bruera.
Defender la "cosa juzgada" como formalismo sin atender el conflicto de fondo tiene algo de contrario al espíritu de la Constitución. Lo que algunos en la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) consideran es revisar si hay fraudes procesales, contubernios o acuerdos ilícitos, para asegurar que se trate de impartición de justicia y no de delinquir legalmente, por extraño que parezca decirlo así.. Repetir "certeza" no procede: ¿certeza de qué?¿de que se hizo un papeleo de apariencia legal para encubrir una injusticia y dejar a alguien impune?¿O entonces certeza de que la ley está al servicio de la justicia? No es un problema de formas, ni de "quedar bien" y contarse el cuento del recto Derecho, ni de ponerse a las palabrotas, o menos de alegar "procesos interminables" cuando la dilación para "hacerla cansada" es otra especialidad del aparato judicial; tampoco es de "aplicar la ley" sin resolver el conflicto de fondo, y por lo demás se deben agotar lícitamente y sin trampas los procesos previos a la "cosa juzgada". Sería también cosa de no dar certeza...a la impunidad, de dejar de amañar expedientes y la crueldad de quebrar vidas para que la conciencia del mal entre algunos no los incomode demasiado. También en algún momento se demostró con Presunto culpable, la película, como se buscan sentencias con ilícitos. Nadie habló de revisar la "cosa juzgada" en sí, si no de no llegar a ella mediante un ilícito tras otro, a menos que alguna gente no haya tenido el "gusto" de vérselas con la Justicia mexicana. Ser "de ley" es ser justo: no servirse de papeleo y trampas para prevaricaciones, "chicanadas" y otras linduras frecuentes, de modo puramente "procedimental", o para que la señora Beatriz Pagés Rebollar se aparezca al Zócalo capitalino a vociferar que "la ley es la ley". En suma, cuando se ha heredado -de la Colonia- el hábito del engaño, que se sirve de enredos y de apariencias, de lo que se trata no es de la "cosa juzgada", sino de que no sea la culminación de una serie de engaños -tolerados- para garantizar privilegios y hundir inocentes. Un poquito de colmillo y de escucha. (da click al botón de reproducción)
