Un miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga en México lo sucedido en Ayotzinapa ha dicho que no se trata de interrogar a los militares de la ciudad guerrerense de Iguala para incriminarlos, sino para "preguntarles" de tal modo que puedan aportar información útil. Uno de los problemas esta en que algunos mexicanos creen que las almas de los "luchadores sociales" no van ni al cielo ni al infierno, sino al Campo Militar no. 1 y a hornos crematorios de los uniformados. Otro de los problemas es que uno de los miembros del GIEI es experto en perseguir a militares genocidas cuando no los hay en México, donde lo único que existe es la fiebre de un columnista que prevé para la capital mexicana una "constitución pinochetista" (ya metidos a las palabras por su "eficacia" y no por su contenido de verdad).
La declaración del (de la) experto (a) es una falsedad, en medio, por cierto, de acciones del gobierno mexicano que han atendido muchas recomendaciones del GIEI (como la de capturar a delincuentes clave de la masacre, como el Cabo Gil, Gildardo López Astudillo y otros que tienden a corroborar, aún con variantes, la llamada "verdad histórica" establecida por el ahora ex procurador Jesús Murillo Karam, aunque una parte de los normalistas habría sido disuelta en ácido en otro lugar). El Informe Ayotzinapa del GIEI no es exactamente éso, sino, en muchas partes, un dictado sobre cómo rehacer las leyes mexicanas (véase por ejemplo el apartado "recomendaciones" a partir de la página 333), casi como si México fuera un protectorado ante la "responsabilidad de proteger" que pregona toda injerencia extranjera, si estadounidense mejor (¿por qué no buscar a los patrocinadores de Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales que han mentido descaradamente en un conflicto como el sirio, por ejemplo?). Hay parrafadas tan ridículas como la obligatoriedad de recordar "simbólicamente" a las víctimas, lo que tal vez pueda hacerse secuestrando otra tanda de camiones (autobuses) y con otros actos de vandalismo "de memorial", en los cuales los platos rotos los paga gente del pueblo (chóferes, por ejemplo) que para el caso importa un bledo. Lo que sea para convertir en político un delito del crimen organizado (!que no aparece mucho que digamos en el Informe!): a reserva de que el GIEI haya emitido otras hipótesis (el quinto autobús, la imposibilidad de un incendio en el basurero de Cocula...), el apartado del informe "No protección de los normalistas frente a los ataques" (10, p. 325) señala que, más allá de la policía municipal, "ninguna otra fuerza del Estado que estaba teniendo conocimiento de los hechos (...)", con su "nivel de agresión y de violación de los derechos humanos", " actuó en defensa de los normalistas". Las notas 453 y 454 del Informe señalan que el 27 Batallón de Infantería tuvo conocimiento de los hechos. Conclusión: los militares mexicanos desconocen los derechos humanos (!y el informe pide incluso volver a revisar la "guerra sucia" por enésima vez!) Las recomendaciones de "formación y educación" en derechos humanos incluyen a la Secretaría de la Defensa Nacional, del mismo modo en que se solicita investigar si todas las fuerzas presentes en la "noche de Iguala" actuaron de acuerdo con los protocolos (en un caso considerado ex ante de desaparición forzada).
El asunto es: el ejército supo de los hechos, se llevó a los normalistas y los mató y cremó en un cuartel
o, el ejército supo de los hechos e impávido, no hizo nada.
Pónganse de acuerdo en el modo de hostigar: yo, ya me cansé, en serio.
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