El hijo de la actual mandataria chilena, Michelle Bachelet, se vió involucrado en una historia de tráfico de influencias y especulación inmobiliaria (caso Caval), por lo que el tal Sebastián Dávalos Bachelet tuvo que renunciar al puesto que tenía en el gobierno y a la militancia en el Partido Socialista. No fue un asunto demasiado grave, aunque Bachelet reconoció que estaba golpeada -personal y políticamente- por lo sucedido, en actitud diferente a la de, por ejemplo, Lula -quien acaba de reunirse con el socialista español Felipe González para serle desleal a Venezuela-: que Luis Claudio Lula da Silva y Fabio Luis Lula da Silva estén siendo investigados por corrupción es algo que no altera a los medios de comunicación masiva ni al mismo ex presidente brasileño, el "hombre de los bonos" porque creció en la época en que los obreros los adoraban, y quien ha declarado con orgullo que "tiene otros tres hijos que no fueron denunciados".
Bachelet, por lo pronto, sacó adelante -del modo más consecuente- una ley que da mayor autonomía al Servicio Electoral chileno (Servel), lo que en principio permitirá una mejor fiscalización de los candidatos, los partidos y los gastos de campaña (no podrá haber aportes de personas jurídicas).
Bachelet, desconocida para la izquierda latinoamericanista, fue juzgada con mayor dureza que Sebastián Piñera, presidente de Chile entre 2010 y 2014. Piñera siguió con esta tendencia en América Latina a confundir el Estado con una oficina corporativa y la nación con una empresa, aunque fuera con "responsabilidad social" aparente, como en el caso de "los 33" (los famosos mineros atrapados). Simplemente, muchos parecen haber considerado normales los manejos turbios de Piñera, una de las tres mayores fortunas de Chile, acusado de irregularidades en la quiebra del banco Talca, de uso de información privilegiada para adquirir acciones en LAN, de conflicto de intereses con Chilevisión, de tardanza en vender sus empresas mientras asumía la presidencia, de elusión de impuestos de ser accionista en Copec, una minera que causó devastación ambiental, y de otros casos. Sebastián Valdés, administrador de la campaña electoral de Sebastián Piñera en 2009, era ejecutivo en Bancard/Bancorp, lugar de inversión de Piñera, por lo que apareció la duda sobre la forma en que fue financiada la llegada del empresario al Palacio de La Moneda. Las investigaciones ("casos Penta y SQM") han proseguido y aunque Piñera ha sabido eludir con hermetismo las acusaciones en su contra, está más o menos claro que no separó negocios y política. Por lo demás, no queda claro que tuviera voluntad de hacerlo ni de que fuera votado para hacerlo.
Tan es así que, al nombrar su gabinete, Piñera hizo exactamente lo mismo que Macri (amigo del empresario chileno) hoy en Argentina: Relaciones Exteriores quedó en manos de alguien del holding Falabella, Vivienda y Urbanismo, de alguien de Papelera Dimar, Hacienda, para alguien del grupo económico Angelini y el Servicio Nacional de la Mujer, para el grupo Luksic y la empresa Calaf, para no hablar de los ministros "independientes" (grupo Tantauco que debía "salvar de la Concertación" a la iniciativa privada, etcétera). Macri no ha inventado nada: ha seguido la tendencia de varios países latinoamericanos a realizar por la vía rápida lo mismo que en Estados Unidos -la injerencia del dinero en la política- toma un poquito (apenas) más de tiempo.
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sábado, 12 de diciembre de 2015
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