La increíble conversión de dos países de Sudamérica -Brasil y Argentina- en franquicias al estilo puertorriqueño (con el muy fuerte riesgo de que el siguiente sea Perú) pasó por las nominaciones del actual presidente argentino Mauricio Macri, quien confunde a un país con una empresa, pero además, con marca de transnacional.
Macri nombró para Relaciones Exteriores a Susana Malcorra, bien vista por Estados Unidos desde su trabajo en IBM Argentina. Malcorra es considerada alguien cercano al Departamento de Estado estadounidense.
La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también es considerada muy cercana a Estados Unidos. Silvia Majdalani, ex fiadora de Carlos Menem, sospechosa de más de un fraude y ocupada de la contrainteligencia argentina, recibió cursos de entrenamiento en Estados Unidos.
Para la secretaría legal y técnica de la presidencia quedó un ciudadano estadounidense, Marcos Molina Viamonte, quien seguramente sirva a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos.
La oficina antocorrupción quedó a cargo de Laura Alonso, ex directora del Capítulo Argentino de Transparencia Internacional y miembro del Instituto Cultural Argentino Norteamericano (ICANA). Alonso comenzó trabajando para la organización no gubernamental Vital Voices, cuya sede está en Estados Unidos. En 2008, Hillary Clinton, quien era entonces secretaria estadounidense de Estado, presentó a Alonso con el Global Leadership Award.
Salvo Molina, no está de más hacer notar que el resto de los funcionarios son mujeres.
Las empresas de cabildeo, firmas de inversiones y consultores que han estado vinculados a las negociaciones sobre la deuda pública de Puerto Rico, han estado presentes en otras crisis fiscales, como las de Detroit, Grecia y Argentina. Fue el caso de Mack Strategies y Liberty International Group, del excongresista republicano Cornelius Connie Mack (Florida). No estamos haciendo simples metáforas.
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