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domingo, 24 de abril de 2016

MEXICO: COMO ACALAMBRAR AL ESTADO

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), elaboró dos muy extensos, amplísimos, informes sobre el caso Ayotzinapa, aplaudidos de inmediato por el portavoz del Departamento estadounidense de Estado, John Kirby. Seguramente mucho de lo señalado en estos textos no es inútil: claro,  estos expertos descubrieron, embolsándose sumas astronómicas, que el aparato de justicia en México es un gigantesco relajo que no funciona, para lo cual bastaba con un día de "tomarle el pulso" a la población en la calle.
     -El GIEI no encontró "ilegal" (está en el primer informe, pps 19-21) que los estudiantes normalistas secuestren hasta decenas de autobuses incluso, según el texto del GIEI, "para hacer actividades de carácter académico". Nadie se extrañe si una horda de investigadores de la universidad secuestra decenas de metrobuses en la Ciudad de México para impartir cátedra de hula hula entre un enfrenón y otro, y vaya que el manejo de los frenos en los chóferes del metrobús es especial.
     -El primer informe sobre Ayotzinapa del GIEI es de unas 525 páginas. El segundo, más voluminoso, es de 608. En total, algo más de mil cien páginas. ¿En cuantas se menciona al crimen organizado? Nada más en 17 páginas del primer informe (127 a 144), y unas 3 del segundo (211-213), y únicamente (al menos en el primer caso) como "repetición" de las hipótesis de la Procuraduría General de la República (PGR) mexicana. Resulta simpatiquísimo hojear cientos y cientos de páginas en dos tomos donde casi no aparecen los Guerreros Unidos (GU) ni la palabra "crimen organizado", salvo de manera muy, muy esporádica. Eso sí, al final del segundo informe, se ruega a las autoridades no torturar (en este caso, a quienes las autoridades mexicanas señalaron como parte del "crimen organizado"). ¿El GIEI vino a investigar al Estado y de ninguna manera a la delincuencia organizada?Así las cosas, el informe realiza exactamente lo que la última pesquisa sobre el caso Colosio, al grado que parece la carta de Allan Poe: hacerse desvergonzadamente de la vista gorda ante determinadas líneas de investigación, de tal forma que el GIEI nunca parece haber investigado nada a fondo ni sobre el crimen organizado en Guerrero, ni sobre su participación en los hechos, pese al reconocimiento de "labios para afuera" de que GU fueron clave. En una voltereta genial, los acusados son los aparatos de gobierno (distintas policías, y con afirmaciones insidiosas del GIEI contra el ejército, en las páginas 121 y 136 del segundo informe, que en realidad solo prueban que los militares no actuaron), pero en las condiciones siguientes, que los exculpan de trabajar para delincuentes:
     -el informe primero descarta que quemar cuerpos sea una forma de operar de GU. Pero atención: en la página 174 del primer informe, el GIEI explica que, pese a los capturados, "no había antecedentes ni de inteligencia, ni de ninguna otra índole (!!!) que permitieran establecer la preexistencia de las organizaciones, conformación, jerarquía, economía, relación con autoridades políticas y civiles y actuación transnacional". El GIEI afirma lo anterior al señalar que solicitó información sobre GU y "Los Rojos". Pues no había nada, fin del asunto, y ni siquiera era necesario detenerse en el basurero de Cocula (en serio: ¿a dónde se llevaron a estos 43 cuates? Lo más seguro es que quién sabe...): no hay pruebas del contubernio entre crimen organizado y autoridades políticas y civiles, ni siquiera con las policías de Iguala. En México no existe ni el vandalismo de los jóvenes ni la asociación entre crimen organizado y aparato de gobierno (en este caso encabezado por el Partido de la Revolución Democrática), y GU fueron involucrados bajo tortura. El GIEI pudo haber emitido como recomendación mínima que el crimen organizado y las autoridades políticas y civiles firmen contratos de licitación pública para delinquir o que den recibos de honorarios (por servicio de "halcón", por ejemplo) y facturas electrónicas (para disolver cuerpos en ácido pagando impuesto al cadáver agregado), cosa de que todo México lo sepa.
     -Mil cien páginas "demuestran" que en México la justicia no funciona (!pero qué novedad!) y crean -al borrar por completo la pista de GU y del narcotráfico, prácticamente ignorado también en la hipótesis del "quinto autobús"- la figura de "presunto culpable" contra el Estado (por "desaparición forzada"). Ahora le corresponde a este Estado la carga de la prueba para demostrar su inocencia, si alguien le cree, porque seguramente hasta "Pitufo" Rosales, quien ya reconoció lo ocurrido, lo sabe: debe "pastorear" a sus "indios piojosos", como llama a los padres de los 43, por lo menos hasta finales de sexenio, cosa de "acalambrar" al priísmo y al Estado.